La consellera de Sanidad, Ana Barceló, y la de Agricultura, Mireia Mollà, mantuvieron ayer una reunión telemática con sus homólogos en el Gobierno central, Salvador Illa y Luis Planas, respectivamente, para abordar la situación de los trabajadores temporales del campo, que por su precariedad laboral y su alta movilidad se han visto en el centro de algunos de los brotes más complicados de detectar y rastrear por las autoridades, como los surgidos en Lleida.
Además de las representantes de la Generalitat Valenciana, en la cita participaron las otras diez autonomías que junto a la valenciana tienen un mayor movimiento de temporeros a lo largo del año. Ni la Conselleria de Sanidad ni la de Agricultura quisieron comentar el contenido de la reunión, si bien el departamento de Illa indicó que todas las partes coincidieron en lo «esencial» de mantener estas campañas de recogida de fruta para el país, toda vez que pusieron el foco en la vulnerabilidad de este colectivo, que a menudo vive en condiciones de vida muy precarias. Sin embargo, no trascendió la implementación de protocolo alguno para detectar y contener un posible brote.
Ya en una reunión celebrada el lunes, el Gobierno presentó su 'Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19', que estipula que las competencias para atajar estos focos son de las autonomías y que el Ejecutivo solo actuará si afecta a varias regiones.
Desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) se lamentaban ayer de la falta de protocolos, de controles previos a estos trabajadores y del estigma que estos brotes están suponiendo para el campo. La Comunitat todavía no ha requerido de temporeros este año, en parte por el descenso de producción asociado a la pandemia. Sin embargo, AVA recuerda que en septiembre arribarán en torno a 1.500 para la vendimia.
