Es el mayor golpe a las tramas que han intentado hacer negocio con la emergencia sanitaria provocada por la covid-19. Tanto, que la Operación Face Mask llevada a cabo por el área de investigación de la Guardia Civil de Bétera ha sido explicada públicamente por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en su primera visita a València, en la que le ha acompañado el director general operativo (DAO), el teniente general Pablo Salas.

La trama, tal como adelantó ayer Levante-EMV, falsificaba las certificaciones del material que ponía en circulación para dotar las ventas de apariencia de legalidad, cuando en realidad todo el material sanitario que comercializaban estaba caducado, en muchos casos, desde 2014.

El abundante material sanitario intervenido durante los 14 registros simultáneos realizados el pasado 15 de junio, en los que se contó con técnicos del Invassat y de Farmacia de la Generalitat Valenciana, tiene un valor estimado de 1,5 millones de euros, entre mascarillas (más de 300.000), guantes y productos de uso hospitalario como equipos de sueroterapia, oxigenoterapia, jeringuillas y fármacos diversos.

Sin embargo, eso solo es lo intervenido. En los tres meses y medio que la red estuvo operando, los investigadores sospechan que pudieron mover material por valor de al menos cinco millones de euros, aunque todavía está pendiente el rastreo completo de todas las compraventas a través del análisis de la documentación intervenida.

El primer envío desde Andoain

La investigación arrancó cuando la Guardia Civil detectó un envío de 252.000 mascarillas desde Andoain (Gipuzkoa) a una empresa de la Pobla de Farnals. A partir de ahí, los agentes de Bétera siguieron el rastro hasta dar con todos los presuntos implicados en la red, liderada por un empresario de València.

El modus operandi consistía en obtener el material de protección en un momento, al inicio de la pandemia, en que el mercado estaba totalmente desabastecido. Así, compraron grandes partidas a sabiendas de que estaban caducadas, y para 'blanquear' los productos, los sacaban del envase original donde constaban las fechas de fabricación y caducidad y los empaquetaban en bolsas transparentes.

Además, falsificaban presuntamente la documentación que acompañaba al material, así como los certificados sanitarios. Luego, lo ofrecían a empresas para sus empleados, a supermercados, centros médicos, hospitales y farmacias, tanto físicamente como por internet. Además de en España, abrieron vías de negocio en Portugal, Italia, Colombia o Turquía.

De haberse utilizado el material hospitalario, podría haber tenido gravísimas consecuencias para los pacientes, por lo que, además de estafa, falsedad en documento público, organización criminal y blanqueo, están acusados de delitos contra la salud pública.

Tras la operación, la jueza de Massamagrell ha bloqueado 33 cuentas bancarias con 80.000 euros a los 14 detenidos, a los que se suman otros 64.525 intervenidos en los registros.