El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron ayer el documento que debe regir esta nueva fase de la pandemia en España. El 'Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por covid-19' busca dotar al Sistema Nacional de Salud de una mayor capacidad en la prevención y erradicación de posibles incrementos de la transmisión del virus, planteando para ello tres distintos escenarios y adecuando las medidas a adoptar en función de cada uno de estos grados de riesgo. Pese a la espiral de regulación en torno al uso obligatorio de mascarilla aunque se pueda guardar la distancia interpersonal en la que se han sumido ya una docena de autonomías -mañana se unirá a ellas Castilla y León-, el texto aprobado ayer no contempla esta imposición en ninguno de los tres escenarios, ni en el supuesto de una transmisión comunitaria descontrolada.
Apenas 24 horas antes de la Interterritorial de ayer que dio luz verde a este plan de control de brotes, el Consell se abría por primera vez a hacer obligatorio el uso de la mascarilla. Pese a que en la Generalitat insisten en apelar a la responsabilidad individual -ayer incidieron en esto tanto el president Ximo Puig como la vicepresidenta Mónica Oltra-, en el Palau son conscientes de la tendencia que recorre España. Puig vinculó el miércoles esta medida con una «cierta flexibilización de los aforos» que se vieran afectados por esta medida coercitiva.
Del brote a la transmisión
Los tres escenarios que plantea el nuevo protocolo son tres. Uno en caso de «brotes controlados o casos esporádicos limitados», de riesgo bajo; un segundo de «brotes complejos o transmisión comunitaria esporádica», con nivel de riesgo intermedio; y un último escalón de «transmisión comunitaria no controlada», en el que llegarían las restricciones más duras pero nunca el confinamiento. Así, en este último caso se recomendaría volver a limitar la movilidad y el control policial de la misma, los encuentros sociales quedarían limitados a grupos de menos de diez personas y se cerrarían establecimientos y se cancelarían eventos con alta concentración de personas. En el escenario de riesgo intermedio, por su parte, se recomienda el autoaislamiento ante síntomas, no acudir a residencias o hospitales, la vuelta a las franjas horarias y a la limitación de aforos al 50 %.
El documento, diseñado por Sanidad y trasladado ayer al Consejo Interterritorial, agrupa muchas de las medidas que ya están en marcha y establece que sea el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad (CCAES) el que, en coordinación con la autonomía, evalúe el riesgo de brotes localizados o incrementos de la transmisión que conlleven la activación de una respuesta rápida. El documento también aclara cómo establecer esos niveles de riesgo: situación epidemiológica, cantidad de población procedente de países con mayor incidencia, la exposición al virus en función de las condiciones de colectivos vulnerables o la población de edad avanzada.
Una de las novedades que incluye el texto es el protocolo de respuesta en centros penitenciarios, que Sanidad reconoce como un potencial «grave problema» en caso de brote. Por ello, se exige a las cárceles reforzar los sistemas de vigilancia, informar de su evolución y elaborar de planes de contingencia.
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