La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha agradecido hoy a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, la rapidez en tomar la decisión de apartar de Paiporta al comandante que presuntamente profirió amenazas contra la alcaldesa, Isabel Martí, decisión que la máxima responsable del cuerpo adoptó solo un día después de que trascendiera la grabación en la que se le escuchaba recriminar a sus mandos subordinados por no haber cumplido su mandato de "ir a partirle las piernas", tal como publicó Levante-EMV.

En cumplimiento de esa orden, el comandante E. Aranda ya se ha incorporado hoy a su nuevo destino provisional en la Comandancia de València, sede de la jefatura provincial del instituto armado, aunque sus funciones no han trascendido. El cambio de destino vino dado por la crisis institucional provocada por esas afirmaciones, así como por el enfrentamiento desde hace dos años no solo con la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, sino también con varios de sus subordinados, lo que ha provocado varias aperturas de expedientes contra Aranda y dos procesos judiciales que se siguen en los juzgados togados militares centrales 1 y 2, con sede en Madrid.

Calero ha realizado estas valoraciones hace apenas una hora, al término de la reunión con la alcaldesa de Paiporta, quien pidió el encuentro tras hacerse públicas las grabaciones, en las que se escucha al comandante afirmar en una reunión de trabajo con una decena de mandos subordinados suyos que había pedido que "le partieran las piernas a la alcaldesa, pero no ha ido nadie". En otro momento aseguraba, tras la muerte de un recortador en los festejos taurinos de junio de 2018, que se había "perdido la oportunidad de haber ido y haberle partido la cara directamente".

La delegada ha explicado que el comandante ha sido apartado del cuartel y del municipio de Paiporta, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV la semana pasada, y que se le ha trasladado a la central del cuerpo, a la espera de que se resuelvan los procedimientos, y se ha mostrado convencida de que estos se agilizarán para que "cuanto antes" se sepa en qué situación queda ese cargo del cuerpo.

Tal como avanzó este periódico el jueves pasado, el mismo día en que se publicaron las grabaciones, la directora general de la Guardia Civil ordenó la apertura de una investigación reservada contra el comandante para analizar el contenido de las frases y ver si le corresponde algún tipo de sanción, con lo que esa investigación se convertiría en el primer paso para abrir un expediente disciplinario. Esa información reservada será instruida por un teniente coronel o un coronel de la Zona (la jefatura de la Guardia Civil para toda la C. Valenciana), en cumplimiento de las directrices de María Gámez.

A la pregunta de si el comandante sigue en activo, Calero ha precisado que "la justicia es garantista y no se le puede cesar antes de ser juzgado".

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido de nuevo, como ya hiciera el viernes en declaraciones a Levante-EMVLevante-EMV, la "rápida respuesta"del instituto armado y que se haya dado el "primer paso" de trasladarle a otro lugar, lo que constituye "un buen principio" para poder "restablecer" las relaciones institucionales con la Guardia Civil del municipio.

Ha reclamado el cese de esta persona, que, en su opinión, "no puede seguir llevando pistola ni ejercer un cargo como el que tenía", ya que las Fuerzas de Seguridad están para proteger y no para "amenazar" y hacer manifestaciones "machistas y degradantes" hacia quienes ocupan cargos de representación en los que han sido elegidos democráticamente.

"Una persona así no es merecedora de llevar el uniforme que viste", ha indicado la alcaldesa, quien ha añadido que le consta que muchos subordinados han "padecido ataques y el asedio de este comandante", y ha reivindicado que hasta que llegó al cuartel el trato era "muy cordial, hasta exquisito, con el anterior capitán".

Ese oficial fue el primero en caer de baja por la situación laboral con su jefe, el comandante Aranda, y fue el primero también en denunciar, primero ante sus superiores por conducto reglamentario, y luego ante la justicia militar, a su jefe por acoso laboral. Del procedimiento disciplinario surgió una sanción de tres meses de suspensión de funciones, tras la cual Aranda se había reincorporado sin más a la jefatura de la compañía de Paiporta, sin que en ese tiempo se tomara declaración a nadie y habiendo renunciado la instructora inicial por las presiones recibidas desde la Comandancia, según dejó constancia ella misma en el procedimiento.

La segunda, la judicial, está bajo investigación del Juzgado Togado Militar Central número 2, cuyo titular tuvo que aplazar las declaraciones de los testigos por la entrada en vigor del estado de alarma.

Martí ha manifestado que al abogado del Ayuntamiento está estudiando si se puede emprender alguna acción legal, y ha vuelto a reiterar públicamente, como ya hiciera la semana pasada, el amparo a la Fiscalía para que actúe de oficio en este caso.