Tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA) y su familia no quiere protagonismo. Lo que sí querían era que su hijo recuperara el grado de discapacidad que tenía hasta el momento en el que la familia solicitó la revisión. Y ahí, de repente y sin explicación alguna, un año y medio después de haber presentado la solicitud llegó al resolución y el crío pasó de tener reconocido un grado de minusvalía del 36 % al 15 % lo que, afectos prácticos implica pasar de tener una ayuda mínima (no económica pero sí a efectos de la Adminsitración y de una serie de recursos) a no tener nada.

La resolución llegó 20 de febrero de 2019 y le reconocía al menor un grado de discapacidad del 15% con efectos del día 22 de octubre de 2018. No hubo manera de que la Administración rectificara una resolución que otorgaba una mejoría al niño que no se había producido. La familia formuló una reclamación el día 13 de mayo de 2019 que fue desestimada dos meses después.

Al final, la familia fue a juicio representada por la abogada de Acción para la Justicia Social, Sandra Casas, y el juez le ha dado la razón y obliga a la Generalitat Valenciana a dejar sin efecto la resolución recurrida de 13 de mayo de 2019 y la desestimatoria de la reclamación previa de fecha 04 de julio de 2019, «declarando que el menor tiene un grado de discapacidad del 36%, de validez permanente, condenando a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana a estar y pasar por dicha declaración con todas sus consecuencias legales».

Para la abogada Sandra Casas «es increíble tener que llegar a juicio porque la consellería ha decidido, de un día para otro, que el crío ha mejorado como si fuera un milagro y reduce el grado de discapacidad. No es la primera vez que pasa y lamentablemente es frecuente ver reducción en grados que acaban en juicio porque no hay manera de que la Administración rectifique en tiempo y forma. Para más inri, tras haber llegado y reconocido en los juzgados que el menor tiene que tener un grado reconocido del 36%, la abogacía de la Generalitat ha decidido recurrir la sentencia, una estrategia sistemática en contra de los derechos de los más vulnerables».

Recurrir de forma sistemática

Por ello, Casas afirma que la Administración «debería replantearse y eliminar esa instrucción por la que la abogacía de la Generalitat recurre todas las sentencias porque perdemos el tiempo y la confianza en el sistema. Al final que una conselleria y la abogacía de la Generalitat sean de colores políticos diferentes no debería perjudicar jamás los derechos del ciudadano», explica.

Y añade: «un diagnóstico de autismo debería implicar un reconocimiento automático del 33%, eliminar burocracia y evitar procesos judiciales como este que no beneficia ni a las familias ni a la Adminsitración».

En la sentencia se recogen varios informes. Uno de ellos es el del centro educativo donde cursa estudio el menor, que asegura que desde 4º de Primaria «se ha determinado que necesita un mayor grado de apoyo para dar respuesta a sus necesidades educativas. Este apoyo lo necesita en la mayoría de las áreas curriculares o entornos (patios, comedor, actividades extraescolares) durante más de la mitad de la jornada escolar. Cada vez el nivel de exigencia es mayor, y le cuesta seguir las dinámicas del aula y participar en las actividades, necesitando cada vez más la guía del adulto».

Según el Informe Psicológico Forense, el niño «se encuentra en una discapacidad moderada ya que presenta una restricción moderada y permanente de las actividades de la vida cotidiana» y no «leve», como asegura el Consell.