La Policía Nacional, la autonómica y la Guardia Civil se sumarán a partir del próximo viernes al control coercitivo de la obligatoriedad de utilizar las mascarillas en todos los espacios públicos y también en los privados entre no convivientes, salvo contadas excepciones, como medida para tratar de evitar que los brotes de covid-19 sigan creciendo en la Comunitat Valenciana.
La preocupación del Consell se plasmó ayer en una reunión del presidente Puig y de la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, con la delegada del Gobierno, Gloria Calero, y los máximos responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de la que salió un acuerdo para trazar una estrategia policial común.
El dinero, contra la pandemia
De hecho, al término de esa reunión, a la que también asistió el director general de Emergencias, José María Ángel, el president de la Generalitat anunció que el pleno del Consell aprobará el próximo viernes un decreto ley con el régimen sancionador que se aplicará a las personas y empresas que no cumplan con las medidas sanitarias de protección frente a la covid-19 decretadas el pasado sábado por la Generalitat, tras el afloramiento de varios brotes ligados en su mayoría al ocio nocturno, en discotecas y pubs.
Puig adelantó que el decreto incluirá multas para personas que no lleven las mascarillas y para las empresas que no asuman su responsabilidad sobre el acceso al ocio. Todo lo que se recaude de estas multas «será usado para la causa común contra la pandemia», añadió tras la reunión.
El Consell mantendrá en los próximos días conversaciones con la Delegación del Gobierno y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para precisar la aplicación de este régimen sancionador.
Una de las propuestas de las fuerzas policiales aceptadas ayer es que Justicia elabore un único impreso único de acta de propuesta de sanción, que será distribuido entre policías locales, autonómicos, nacionales y guardias civiles con el fin de unificar acciones y evitar situaciones de inseguridad jurídica como la vivida con el decreto de estado de alarma en las primeras semanas.
Hasta que llegue el decreto, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizarán una labor informativa y solo actuarán en caso de resistencia a cumplir con el uso de la mascarilla, en cuyo caso aplicarán, como hasta ahora, la ley de seguridad ciudadana y, en casos excepcionales, el Código Penal.
Puig justificó la «necesidad» de adoptar medidas coercitivas en el cumplimiento de las normas sanitarias. «El virus está muy presente y está resurgiendo con muchos brotes. La C. Valenciana está mejor, pero no queremos estar peor y tenemos que ser estrictos en el cumplimiento de las normas». «La mejor apuesta por la reactivación económica es parar la pandemia», concluyó.
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