Ninguna negociación presupuestaria es sencilla, pero la del fondo de recuperación contra la crisis económica desatada por la pandemia del covid-19 y el presupuesto 2021-2027, con un volumen de unos 1,8 billones de euros, está a punto de batir todos los récords. Tras una tercera noche en blanco, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE entró ayer en su cuarta jornada de negociaciones con esperanzas de cerrar un acuerdo que los Veintisiete empezaban a rozar con los dedos gracias a una nueva propuesta de compromiso del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que apuesta por crear un fondo de recuperación con 390.000 millones en ayudas directas y 360.000 millones en préstamos a devolver.
«Sé que los últimos pasos son siempre los más difíciles, pero tengo confianza», dijo Michel ayer, en la primera declaración ante la prensa que realizaba desde que arrancaran las agotadoras negociaciones el pasado viernes. «Creo que aunque sea difícil, aunque será importante seguir trabajando, estoy convencido de que el acuerdo es posible», prosiguió minutos antes de desvelar el contenido de una oferta fruto «del trabajo colectivo con todos los líderes y sus equipos».
El plan, que ha recibido una buena acogida por parte del norte y el sur, pero que podría tardar horas en cerrarse, según fuentes diplomáticas, mantiene intacto el volumen del fondo con 750.000 millones -tal y como propuso la Comisión Europea y defienden los países del sur como España para construir un instrumento «ambicioso»-, pero recorta drásticamente los subsidios, tal y como exigen los países frugales, Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca.
En busca del consenso
Concretamente, Michel propone pasar de los 500.000 millones en transferencias propuestos por Francia y Alemania en mayo, y planteados también por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hasta los 390.000 millones. Una cifra ligeramente por debajo de los 400.000 millones de euros que se habían fijado como umbral mínimo los países del sur, con el apoyo de Francia y Alemania, pero que podría ser suficiente para salvar un acuerdo que el domingo por la noche estuvo a punto de descarrilar. Para mantener el volumen total del fondo, los préstamos aumentarían desde los 250.000 a los 360.000 millones.
Para garantizar el multimillonario tajo en las ayudas reclamado por los frugales, Michel propone recortar drásticamente el programa de inversiones InvestEU, que pasa de 30.300 a 2.100 millones; el nuevo fondo de transición justa, de 30.000 a 10.000 millones; el programa de desarrollo rural, de 15.000 a 7.500 millones; y el programa de investigación, de los 13.500 millones iniciales se quedaría con 5.000. Además, eliminar el programa para apoyar la solvencia de las empresas, que en la propuesta inicial contabilizaba 26.000 millones, y, pese a la pandemia, el programa de salud, que contaba con 7.700 millones.
En cuanto a la condicionalidad exigida por el primer ministro holandés, Mark Rutte, para garantizar que los países que reciben ayudas como España o Italia acometen las reformas prometidas, y uno de los elementos que más tensión y enfrentamientos ha generado durante esta cumbre, Michel mantiene el mecanismo propuesto con pequeños retoques. Los gobiernos que quieran ayudas tendrán que presentar planes nacionales de reforma que serán evaluados por la Comisión Europea en base a las recomendaciones económicas del semestre europeo en un plazo de dos meses, y tras consultar con el comité económico y financiero del Consejo, que asesora al Ecofin.
Posteriormente, serán los gobiernos quienes decidirán, por mayoría cualificada, si dan luz verde o no al plan que activará los pagos. Si un Estado miembro considera que «hay desviaciones graves» y que un país no ha cumplido con sus compromisos, podrá activar un «freno de emergencia», paralizar el desembolso de las ayudas y abrir un debate en el seno del siguiente Consejo Europeo en un proceso que no podrá prolongarse más de tres meses. Un sistema que, según la lectura de España y Portugal, no da derecho de veto a Holanda. «La solución final no permite que un país tenga ningún tipo de veto. Un país solo podrá exigir un debate político en el Consejo» que «no da órdenes pero sí mantendrán un debate político que deberá tenerse en cuenta», explicó el primer ministro portugués, António Costa.
Misma clave de reparto
Además, y pese a las quejas de los frugales y de algunos países del este, el borrador mantiene la clave de reparto propuesta inicialmente por Michel para repartir los fondos: el 70% se comprometerán en el 2021 y 2022 siguiendo criterios como el PIB, población y desempleo entre 2015-2019, mientras que el restante 30% se comprometerá en el 2023 y tendrá en cuenta la caída del PIB debido al impacto del covid-19. También se mantiene la vinculación del presupuesto, para el que se prevé un volumen de 1,074 billones de euros, con el respeto del Estado de derecho y los valores europeos, a la que se han opuesto (de momento) sin éxito Hungría y Polonia.
La presión ejercida todos estos días por los países frugales también les ha garantizado cheques de compensación más generosos que los propuestos inicialmente, pese a la reclamación del resto de socios europeos de terminar con ellos.
