La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se deduzca testimonio por el presunto delito de falso testimonio contra el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, por su declaración como testigo en la causa que juzga el presunto pago de mordidas en el contrato de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) con la trama Gürtel para la retransmisión de la visita del papa.

Un juicio que encara esta semana su recta final con las conclusiones definitivas de acusaciones y defensas. Es en esta fase de procedimiento donde la Fiscal Anticorrupción Concepción Nicolás solicitó ayer «que se deduzca testimonio por falso testimonio» contra el exjefe del Consell, Francisco Camps Ortiz, el exjefe de los servicios jurídicos de RTVV, Victoriano Llanes y el exjefe de la empresa municipal de suelo y vivienda de Boadilla del Monte, César Tomás Martín Morales. En los tres casos la representante del Ministerio Público considera que «faltaron palmariamente a la verdad en hechos que pueden ser claramente constatables» a pesar de que «fueron debidamente advertidos cuando se les tomó juramento o promesa de decir verdad» cuando declararon como testigos ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los hechos.

La Fiscal Anticorrupción no aclaró en qué cuestiones concretas pudieron faltar a la verdad los tres testigos. Un extremo que podría aclarar hoy cuando presente su informe de conclusiones.

Camps declaró el pasado 18 de junio por videconferencia desde la Ciudad de la Justicia como testigo en el juicio por los presuntos amaños en la adjudicación a la trama Gürtel de la contratación para la retransmisión de la visita en el marco del V Encuentro Mundial de las Familias. El coste del servicio lo asumió Canal 9 y se elevó a 7,4 millones de euros (con IVA) pese a que en realidad costó poco más de tres.

Once años de «persecución»

En su comparecencia judicial el expresidente de la Generalitat cargó contra la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional por señalarle en las investigaciones de la trama Gürtel y negó que ordenase contratar con el grupo Correa servicios de la visita del papa a València, celebrada en 2006. Según expuso, el jefe del Consell no tenía por qué involucrarse en la organización del evento religioso y desconoce por qué RTVV asumió el coste del contrato de las pantallas y equipos de sonido.

El exdirigente del PP no supo situar en el tiempo la fecha exacta en la que se anunció la visita de Benedicto XVI y aseguró que su puesto de presidente de honor de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, el ente que organizó el evento, era representativo y sin funciones ejecutivas.«Yo no recuerdo ni las pantallas. Para mirar pantallas estaba esos días», ironizó Camps. Además, negó haber dado algún tipo de orden al acusado Pedro García Gimeno, exdirector general de la televisión pública, sobre que aceptase todo lo que la Iglesia reclamara, tal como dijo él en su propia declaración.

En este sentido, Camps defendió que no es habitual que un presidente dé indicaciones al director de una televisión pública y puso como ejemplo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el que dijo que no ve «llamando a Rosa María Mateo (presidenta de RTVE) para darle instrucciones políticas». Respecto a su amistad con Álvaro Pérez «El Bigotes», Camps negó que hubiera ordenado adjudicaciones a la trama corrupta y aseguró que con el director de Orange Market (la sucursal de la Gürtel en València) no iría «ni a la vuelta de la esquina».

Atenuantes por confesión

Respecto a los acusados en la pieza separada de la trama Gürtel por la visita del papa la fiscal Concepción Nicolás rebajó su petición de pena para los once acusados que han admitido los hechos y han devuelto diversas cantidades de dinero, por lo que se les aplican las atenuantes de confesión tardía y reparación del daño.

En el caso de Álvaro Pérez «El Bigotes» -en prisión desde el 14 de febrero de 2017 tras ser condenado por la pieza de la Gürtel por los amaños de contratos en la Conselleria de Turismo y Fitur- Anticorrupción ha rebajado de 37 años a y tres meses a diez años y cuatro meses de prisión. Para el empresario y cabecilla de la trama Gürtel, José Ramón Blanco Balín, también solicitó un año y siete meses, frente a los 18 años de cárcel que reclamaba al inicio.

El exdirector general de RTVV, Pedro García Gimeno, también verá reducida de 40 a 7 años y dos meses de prisión su petición de condena. Una rebaja que queda supeditada a que confiese todos los hechos en su turno de última palabra, como se comprometió en el escrito de confesión que presentó ante el tribunal. Otros tres exdirectivos de RTVV y empresarios que han admitido los hechos también logran una rebaja a dos años de prisión, que les permitirá evitar el ingreso en la cárcel.

Por último, respecto a los máximos cabecillas de la trama Gürtel, los empresarios Francisco Correa y Pablo Crespo -también en prisión desde el 14 de abril de 2017- que han declinado admitir los hechos enjuiciados, la Fiscalía Anticorrupción mantiene las penas de cárcel de 38 y 37 años de prisión, respectivamente.