22 de julio de 2020
22.07.2020
Levante-emv
Tribunales

Camps contrataca y acusa a la Fiscalía Anticorrupción de mentir y perseguirlo

El expresidente de la Generalitat critica la persecución a la que se ve sometido desde hace once años

22.07.2020 | 14:39
El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, durante las declaraciones que ha realizado hoy.

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, acaba de contratacar la petición de la Fiscalía Anticorrupción que ha solicitado que se actúe contra él por falso testimonio como testigo en el juicio por las presuntas mordidas pagadas en el contrato de la retransmisión audiovisual de la visita del papa. Anticorrupción basa su petición contra Camps en dos detalles: la declaración del sastre José Tomás quien afirmó que Camps y El Bigotes le encargaron dos chaqués para un viaje al Vaticano que, finalmente, no pudo confeccionar por la premura con la que se los pidieron. Por otro lado, en un registro en Orange Market la UDEF se incautó de dos billetes de viaje a Roma que la Fiscalía achaca a Camps y el Bigotes. El expresidente de la Generalitat niega ambos extremos y acaba de acusar a la Fiscalía Anticorrupción de "mentir" y de perseguirlo denonadamente desde hace once años.

"La Fiscalía Anticorrupción dijo que pediría mi imputación por falso testimonio como testigo. Pero ha querido confundir a los miembros del tribunal. Y quiero decir que la Fiscalía Anticorrupción, en su tergiversacion, no solo no dice verdad, sino que dice cuestiones que no tienen que ver con la realidad de las cosas", acaba de declarar en una comparecencia ante la prensa en el despacho de su abogado Pablo Delgado, en pleno centro de València.

El expresidente de la Generalitat recordó que las declaraciones del sastre José Tomás a las que alude la Fiscalía Anticorrupción "el Supremo ha dejado claro que es falso, porque así lo dictaminó en el recurso sobre la causa de los trajes en la que fui absuelto. Por eso no se compadece en absoluto con la realidad porque el traje de etiqueta que utilicé [en la visita al Vaticano] fue alquilado en una tienda".

Respecto al viaje que supuestamente realizó con El Bigotes a El Vaticano, Camps asegura que se trasladó con una delegación del ministro de Asuntos Exteriores para asistir a la ordenación del cardenal Cañizares, a la que también acudieron José Bono y la entonces ministra Maria Teresa Fernández de la Vega. "Esta es la realidad. ni viajé con este señor, ni tenía nada que ver este señor. La Fiscalía Anticorrupción sabe de estos extremos. Son hechos absurdos, irrelevantes y falsos", asegura Camps quien sostiene que la Fiscalía Anticorrupción "intenta tergiversar los hechos para sacar beneficio tras los 11 años de obsesión, persiguiéndome por tierra mar y aire. No creo que ningún español haya tenido tantas imputaciones e instrucciones. No sé porque esta obsesión tan paradógica, cuando no raya en una actuación irresponsable del ministerio público".


A lo que añadió "cuánto dinero ha gastado la Fiscalía Anticorrupción en ese empeño para intentar empañar la imagen de mi persona y el trabajo que hice como presidente, del que que me siento satisfecho, para empañar el relato que he explicado desde el minuto uno, en el año 2009. Llevo once años diciendo lo mismo", ha reivindicado.


Respecto al escrito de conclusiones definitivas de la fiscal en el juicio por la visita del papa, la representante del ministerio público ha asegurado que la adjudicación a Gürtel de un contrato para la visita de papa a Valencia en 2006 estaba "plagada de burdas ilegalidades" y fue fruto de un encargo del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al número 3 de la trama, Álvaro Pérez, el Bigotes.

La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio a los veinte acusados de esta pieza del caso de corrupción relacionado con el PP, seguida por la adjudicación de un contrato de más de siete millones de euros al entramado liderado por Francisco Correa para un montaje de pantallas y sonido con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. "Nos encontramos primero con un encargo directo y personal a Álvaro Pérez, que era el representante en Valencia de las empresas de Francisco Correa", el cabecilla de la trama, ha señalado la fiscal anticorrupción Concepción Nicolás. Y ha añadido: "Álvaro Pérez nos refirió que él recibió el encargo de Francisco Camps".

Además ha relatado que en la agenda intervenida a Álvaro Pérez se ve cómo este deja constancia de reuniones de personas que formaban parte de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, entre ellas Francisco Camps, con las empresas de Correa. La fiscal ha explicado que ha pedido que se investigue por falso testimonio a Camps por su declaración como testigo en este juicio. "Francisco Camps dijo que no había ido nunca con Álvaro Pérez ni a Roma ni a ningún sitio, cuando un sastre testificó que habían encargado dos chaqués para ir a Roma cuando se nombró cardenal al arzobispo de Valencia el 24 de marzo de 2006 y que eran para los dos", ha recordado.

La fiscal ha abundado en que la Policía Nacional incautó al grupo anotaciones del viaje y el pago de los billetes a Roma y comprobaron en las conversaciones telefónicas intervenidas que Álvaro Perez ya iba diciendo en el mismo que él era el contratista encargado de las pantallas. Según ha explicado la representante del ministerio público, tras asumir la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) la señal de la retransmisión de la visita del papa el entramado de Gürtel consiguió que el ente público le adjudicara un montaje de pantallas y sonido en las calles de Valencia por "un precio desorbitado" de más de siete millones de euros, con un sobrecoste de más de tres millones.

Ha añadido que para ello la trama usó a Teconsa, una empresa de la construcción que no pertenece al sector audiovisual que el grupo de Correa usó como sociedad pantalla para que figurara como la adjudicataria de este contrato a cambio de una comisión de 200.000 euros y desde la que salieron los flujos de dinero con facturas ficticias con la que se lucraron los acusados de la trama. La fiscal ha recalcado que el entonces director general de RTVV, el acusado Pedro García Gimeno, vulnerando las normas de contratación pública llevó a cabo actuaciones para la adjudicación directa, y no por concurso público, a Teconsa de dicho contrato, con un expediente falso que fue elaborado para dar apariencia de legalidad a la adjudicación.

Así, Pedro García Gimeno se repartió los citados más de tres millones de euros de sobrecoste del contrato, que era dinero público soportado por la RTVV, con los miembros de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo; Álvaro Pérez, el Bigotes, y el también acusado Ramón Blanco Balín, asesor del grupo, siempre según la fiscal. La fiscal ha destacado el papel que tuvo "en la selección los contratistas y en la adjudicación directa de los contratos" el entonces consejero de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Juan Cotino, que declaró como acusado en esta causa antes de morir por coronavirus.

Ha recordado que "Juan Cotino era una persona que había desempeñado diversos cargos públicos, había sido director general de la Policía, concejal del Ayuntamiento, delegado del Gobierno, consejero y presidente de las Cortes". "No tenía ningún cargo en el PP pero sí influencia sobre otras personas con cargos decisivos, como pudiera ser Francisco Camps, y capacidad de decisión para que fuera Álvaro Pérez quien ejecutara el suministro de las pantallas con su empresa Orange Market, que era la que realizaban actos, mítines y campañas del partido", ha indicado.

La fiscal pide las mayores penas para los dos principales miembros de la trama, Correa y Crespo, 38 y 37 años de prisión, respectivamente, y ha rebajado de 37 a 10 diez su solicitud para Álvaro Pérez, tras el acuerdo de este con la Fiscalía para confesar los hechos. Los tres ya están cumpliendo condenas por otras pieza de Gürtel. Fruto también de dicho acuerdo pide siete años de cárcel para Pedro García Gimeno y un año y siete meses para Ramón Blanco Balín.

Igualmente, solicita para ocho exdirectivos de RTVV y para siete empresarios penas que oscilan entre los ocho meses y los 29 años, esta última en concreto para el administrador de Teconsa, José Luis Martínez Parra

 


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