Si usted ha estado en contacto con un enfermo de coronavirus, le han ordenado que guarde cuarentena y, a pesar de todo, ha decidido saltársela porque prefiere irse de viaje, mejor piénselo dos veces, porque la imprudencia podría terminar costándole hasta 600 euros. Esta es solo una de las 21 conductas incívicas castigadas en el nuevo decreto de sanciones aprobado ayer por el Consell con carácter disuasorio, que establece penalizaciones de entre 60 y 60.000 euros en función de la gravedad de la infracción. El objetivo: que los incumplimientos de las medidas de prevención frente a la Covid-19 dejen de quedar impunes.
Si ha dado positivo y ha incumplido el deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad sanitaria, la sanción puede oscilar entre los 600 y los 30.000 euros. Esta última cifra se corresponde con el máximo castigo estipulado para las sanciones graves, entre las que también figura el incumplimiento de los límites de aforo permitido en los establecimientos, así como la organización o participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto equivalente que implique una aglomeración o agrupación de personas excesivo para garantizar la adopción de las medidas sanitarias de prevención o mantenimiento de la distancia de seguridad dentro de los locales.
También constituye una falta grave eludir la separación mínima exigida entre mesas o agrupaciones de mesas en las terrazas al aire libre o vulnerar las condiciones de higiene y prevención cuando suponga un riesgo de contagio para más de 15 personas, incluida la infracción de las medidas de sanidad, limpieza y desinfección de las entradas y salidas de un recinto, de las localidades donde se sienta el público y de otros espacios. Los negocios se exponen a la suspensión de su actividad por un periodo de hasta seis meses si incurren en uno de estos supuestos.
Las infracciones muy graves oscilan entre los 30.000 y los 60.000 euros y pueden terminar con la clausura de un establecimiento por un máximo de tres años o con la inhabilitación del responsable de un evento sin control para la organización o promoción de espectáculos cuando el incumplimiento de aforos o de las medidas de higiene suponga un grave riesgo de transmisión de la enfermedad para más de 150 personas o cuando las aglomeraciones ligadas a estas fiestas o reuniones puedan afectar a menores de edad o a personas mayores de 65 años.
En la misma horquilla de sanciones muy graves se engloban los locales que eluden la obligación de inhabilitar la pista de baile para su uso o la reiteración de determinadas infracciones.
Las multas más suaves, de 60 a 100 euros, son las que penalizan a quien no lleva la mascarilla cuando es obligatoria o a quien la usa de manera inadecuada. El incumplimiento de los límites de aforo y desinfección en los establecimientos cuando no suponga un riesgo de contagio o cuando afecte a menos de 15 personas también representan faltas leves, junto a la omisión de la obligación de informar a los clientes sobre el horario, la distancia interpersonal y la obligatoriedad de la mascarilla.
Ayuda de Policía y Guardia Civil
El contenido del decreto, desgranado ayer por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, recoge la petición de ayuda de la Generalitat a las fuerzas de seguridad del Estado -Policía Nacional y Guardia Civil -para que sumen fuerzas con las policías locales y la Policía Autonómica -que tiene competencias en el control e inspección de locales de ocio- con tal de garantizar el cumplimiento de las normas.
Los titulares de los establecimientos o los promotores de espectáculos serán responsables de las infracciones administrativas cometidas por quienes intervengan en el evento y si, por acción o omisión, permiten o toleran la comisión de infracciones por parte de clientes o usuarios.
Bravo anunció la creación de un servicio temporal «ad hoc» para la tramitación del procedimiento administrativo sancionador y no descartó reforzar los recursos. De hecho, el Consell aprobó ayer un decreto que crea de forma urgente una bolsa autonómica temporal para poder nutrir a los ayuntamientos de suficientes agentes de Policía Local tras la paralización de muchos procesos selectivos por la crisis de la Covid-19.
