El juicio de por el presunto pago de comisiones en el contrato de retransmisión audiovisual de la visita del papa a València que Ràdio Televisió valenciana (RTVV) adjudicó a una empresa de la trama Gürtel acaba de quedar visto para sentencia. La jornada ha comenzado con los últimos informes finales de las defensas y ha terminado con el turno de última palabra de algunos de los acusados, por lo que el juicio ha quedado visto para sentencia tras más de cuatro meses de sesiones -comenzó el 9 de marzo- interrumpidas por el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
Entre los que han ejercido su derecho a la última palabra ha sido el exdirector de RTVV, Pedro García, quien ha admitido todos los hechos de los que le acusaba la Fiscalía Anticorrupción. Condición inexcusable para lograr la rebaja de pena desde los 40 años que pedía el Ministerio Público contra él a 7 años de cárcel. García, que ha leído su intervención, ha admitido que "desde 2003 mantuve estrechos contactos con Álvaro Pérez y con Juan Cotino". También señala a la Fundación V encuentro mundial de las familias (Fvemf) comoa la responsable de ?acordar instrucciones políticas para que el contrato de retransmisión del evento se diera a Alvaro Pérez. El mecanismo que se utilizó fue la redaccion y firma del convenio de colaboración entre RTVV y la Fvemf". Ha añadido que "firmé el procedimiento negociado y sin publicidad para entregar el contrato a una empresa instrumental del grupo Correa y no en base a la legalidad administrativa en ese momento".
García ha añadido que "no se precisaba la firma de convenio alguno", en relación al acuerdo entre RTVV y la Fvemf. "El contrato era nulo de pleno derecho y para elaborarlo colaboraron Ricardo Calatayud y Luis Sabater ambos bajo mi responsabilidad. Desde febrero de 2006 se organizaba desde la Gürtel el contrato de las pantallas, a pesar de que el contrato con empresa instrumental se formalizó el 10 de mayo de 2006 con el que se consiguió sustraer 7 millones", ha asegurado. Para cobrar las mordidas, García ha admitido que "se simuló una prestación de servicios de varias empresas a Teconsa" además de haber ?recibido regalos" de la trama.
Por último, ha mostrado su "profundo arrepentimiento por el error cometido. Quiero pedir perdón a la sociedad y a todas las personas que por mi responsabilidad y error se han visto perjudicadas y manifestar mi firme voluntad de resarcir el daño", ha concluido.
También ha ejercido su derecho a la última palabra el exjefe técnico de Canal 9 Luis Sabater, por videoconferencia debido a su estado de salud, para admitir que "firmé el informe de valoración técnica de las ofertas, datado con fecha anterior y se aconsejaba contratar a Teconsa, sin expediente elaborado a posteriori para dar apariencia de legalidad". Sabater ha explicado que la "rimera noticia que tuve de este contrato fue por el conseller Juan Cotino en una reunión en la Conselleria de Agricultura a la que fui por Pedro García. En esa reunión fui Cotino quien dirigiéndose a Pedro Garcia dijo que nos teníamos que encargar del contrato. Pedro García me pidió que me pusiera en contacto con Álvaro Pérez". También ha señalado que "Juan Cotino tuvo intervención directa en el pliego técnico de la contratación. Cotino en mi presencia controló los trabajos previos que se realizaban en las pantallas y dando indicaciones sobre las necesidades del evento".
En último lugar ha intervenido el director de antena de Canl 9, Antonio de la Viuda, quien ha reiterado su inocencia. Y ha justificado su participación en los hechos porque "mi confianza en Sabater era plena porque era el mejor en lo suyo. A mi me pasaron un informe técnico sin ninguna indicación y le di trámite. Es mi participación en la causa. Me decepciona mi querido amigo Luis. Jamás me avisó de nada. Me pasó ese informe técnico como uno más. Confío en la gente que es brillante y no tengo por qué dudar. Quiero expresar mi decepción porque no le hubiera costado nada aclarar un poco las cosas mucho antes", ha asegurado.
La tesis de la Fiscalía Anticorrupción en esta causa es que tras asumir la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) la señal de la retransmisión de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 el entramado de Gürtel consiguió que el ente público le adjudicara dicho montaje por "un precio desorbitado" de más de siete millones de euros.
La Fiscalía mantiene que el entonces director general de RTVV, el acusado Pedro García Gimeno, vulnerando las normas de contratación pública llevó a cabo actuaciones para dicha adjudicación por la que se repartió más de tres millones de euros con los miembros de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo; Álvaro Pérez, el Bigotes, y el también acusado Ramón Blanco Balín, asesor del grupo.
La fiscal anticorrupción Concepción Nicolás ha pedido 38 años de prisión para el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa; 37 para el número 2, Pablo Crespo, y ha rebajado su solicitud de 37 a 10 para el número 3 y responsable del grupo en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, al ser uno de los trece acusados que pactaron con la Fiscalía a cambio de confesar los hechos.Todos ellos se encuentran en la cárcel desde el 14 de febrero de 2017 tras ser condenados por la pieza de la Gürtel respecto a los contratos con la Conselleria de Turismo en Fitur y por otras piezas de este caso de corrupción relacionado con el PP.
Además la fiscal reclama entre diez y 29 años de prisión para cinco exdirectivos y extrabajadores de RTVV y dos empresarios, que han pedido su absolución al estimar que no se ha acreditado que hubieran contribuido a ejecutar la operación delictiva y a canalizar los fondos a favor del grupo de Correa.
El resto de acusados han llegado a acuerdos con la Fiscalía, que ha rebajado sus peticiones de pena a cambio de su confesión y tras haber devuelto diversas cantidades de dinero. Entre ellos se encuentra, además de los citados Álvaro Pérez y Pedro García Gimeno, Ramón Blanco Balín, para el que la fiscal pide un año y siete meses de prisión (antes 18 años).
También han pactado tres exdirectivos de RTVV y cinco empresarios, que se enfrentan a peticiones de penas de la Fiscalía de entre ocho meses y cuatro años de prisión. La fiscal retiró la acusación para dos empresarias.
