En los 98 días que duró el excepcional estado de alarma en España, los que van desde la medianoche del 15 de marzo a la del 21 de junio, las fuerzas de seguridad, incluyendo no solo las estatales -Policía Nacional y Guardia Civil-, sino también la Autonómica y las policías locales, detuvieron en la C. Valenciana a 1.409 personas y propusieron para ser sancionadas por desobedecer las restricciones a la movilidad 167.936.

Durante las 14 semanas exactas que estuvo en vigor el decreto ley para intentar contener la expansión incontrolada de la pandemia de coronavirus, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 14 personas al día y levantaron 1.714 actas diarias por infracciones a la obligatoriedad de confinamiento que imponía ese decreto. Son las cifras reunidas por el Ministerio del Interior a lo largo de ese periodo.

Obviamente, no tendrán parangón con las denuncias que generará el decreto ley de la Generalitat Valenciana que entró en vigor el sábado pasado y que recoge sanciones de entre 60 y 600.000 euros si se incumplen las medidas sanitarias impuestas por la Generalitat el pasado 20 de julio, y que incluyen desde el uso obligatorio de la mascarilla en casi cualquier situación hasta el incumplimiento de aforos en espacios de uso público con grandes aglomeraciones, entre otras muchas.

De momento, ni la conselleria de Justicia ni la Delegación del Gobierno disponen de datos acerca de la aplicación de ese decreto ley, entre otras razones, porque aún no se está aplicando e manera generalizada.

Hasta ahora, se han estado celebrando reuniones con todos los operadores policiales implicados, para definir procedimientos y unificar actuaciones para evitar, como sucedió en las primeras semanas de aplicación del decreto de estado de alarma, disparidad de criterios y hasta de impresos para reflejar la sanción.

Ayer le tocó el turno a las policías locales, que en realidad se quedó en una parte de las policías locales de la C. Valenciana. La conselleria de Justicia, Gabriela Bravo había convocado a los jefes de las 20 ciudades más pobladas y a representantes del Cempol, el centro de coordinación de las policías locales dependiente de la Agencia de Seguridad y Emergencias, que se supone representaba a los restantes. Sin embargo, de los 20 municipios con mayor población solo estuvieron presentes: València, Alicante, Gandia, Elx, Vila-real, Torrevieja y Xàtiva. Los de Sagunt y Villena excusaron su presencia y el resto no participó en la reunión por razones que no han trascendido.

En el encuentro, se hizo énfasis en utilizar una única acta para unificar todas las denuncias en un formato y en la obligatoriedad de entregar siempre un recibo al denunciado -o reflejar en el acta que la rechaza- para evitar nulidades.

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