Joan Ribó y Carlos Fernández Bielsa se han manifestado en los últimos días a favor del cierre general del ocio nocturno, tras aparecer brotes de contagio en salas de València y Mislata, las ciudades de las que son alcaldes respectivamente. Los ediles de Compromís y PSPV solo pueden pedir. Compete al Consell decretar el cierre. De momento, los responsables autonómicos, con Ximo Puig a la cabeza, rechazan la medida. No quieren «estigmatizar» un sector concreto.
Es más fácil pedir que actuar. La responsabilidad siempre supone un peso. Vuelve a verse en esta discrepancia. Para los alcaldes resulta gratuito reclamar a otra instancia de poder el cierre del ocio nocturno. Además, les aproxima a los vecinos, para los que la presencia próxima de salas de baile y copas con horarios de cierre de madrugada supone una molestia.
A la Generalitat es a la que le corresponde actuar. Ya no se trata solo de pedir. Significa que las decisiones han de ser necesariamente más meditadas. Existe el riesgo de reclamaciones judiciales posteriores de los afectados.
Al margen de esto último, los responsables autonómicos (de los mismos partidos que Ribó y Fernández Bielsa) se aferran a que un cierre general es inoportuno porque alimenta el mensaje de que algo está mal. En especial en un momento en que las regiones españolas están bajo la lupa de los gobiernos de media Europa, prestos a emitir recomendaciones a sus conciudadanos para que se alejen de algunas comunidades.
Puig y su ejecutivo animan a actuar antes de la aparición de los brotes. Esa sí es función de las policías municipales: vigilar si en los locales de ocio se respetan las medidas sanitarias. Desde la semana pasada existe un decreto que permite severas sanciones si los empresarios no consiguen que el uso de mascarilla, la distancia social y los aforos máximos se respeten. Por tanto, las responsabilidades se cruzan entre ambos niveles de la Administración. Y mirar al de enfrente es siempre una manera de intentar evitar que los ojos se posen en la actuación de uno.
Existen además argumentos hipotéticos en el Consell: los frecuentes «y si...» En este caso, y si el botellón se dispara al cerrar los locales. Porque no hay orden de confinamiento y es verano. Y los jóvenes no dejan de serlo en una pandemia. ¿Pueden y tienen capacidad las policías locales para, sin estado de alarma, impedir la presencia de grupos de jóvenes en las calles? La pregunta la deja en el aire un alcalde.
