El protocolo sanitario dirigido a los centros educativos preuniversitarios indica que cada colegio e instituto debe tener habilitado un «espacio covid-19», «separado, de uso individual, para posibilitar el aislamiento de cualquier persona que inicie síntomas» durante la jornada lectiva. Los síntomas que describe el texto son fiebre, tos, sensación de falta del aire, disminución del gusto y el olfato, escalofríos, dolor de garganta, muscular o de cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos.
Como se puede leer, el «espacio covid-19» debe ser una sala con «buena ventilación» y «el mínimo de material posible». Cuando haya un «supuesto de sospecha», el alumno o alumna será trasladado a este espacio, con mascarilla (si tiene más de 6 años) y con el docente que haya detectado los síntomas, hasta que lleguen sus familiares, que deberán contactar con los servicios sanitarios y seguir las instrucciones. En el caso de que se trate de un miembro del centro, se notificará la situación al Servicio de prevención de riesgos laborales.
Si se confirmara un positivo por SARS-CoV-2 de un caso sospechoso y hubiera un brote o incluso una transmisión comunitaria, el Centro de Salud Pública indicará el protocolo a seguir con las medidas de prevención y control necesarias.
El texto recuerda que los escolares y estudiantes no deben ir a clase si se presenta alguna sintomatología (tos, fiebre superior a 37,5 grados, dificultad para respirar...) , que pudiera estar asociada con la covid-19, ni tampoco si se ha estado con un caso positivo o una persona en común con un enfermo (a menos de 1,5 metros y durante 15 minutos o más).
No se podrá volver al instituto o escuela «hasta que el profesional sanitario confirme la ausencia de riesgo para la persona y el resto del alumnado».
Cerrar «no es efectivo»
El protocolo de Educación y Sanidad justifica la reapertura de los centros afirmando que «no está demostrado que el cierre de colegios» para el control de la pandemia «sea más efectiva que otras medidas» y recuerda que es un virus que afecta «principalmente a adultos». Por eso, defienden que la «falta de evidencias» de incidencia en los menores «obliga a plantearse otro tipo de intervenciones menos perjudiciales que el cierre completo de la escuela» y evitar, así, «brechas de desigualdad».
