30% DTO ANUAL 24,49€/año

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Iniciativa

La Generalitat busca a los últimos beneficiarios del Plan de Vivienda

La etapa Bonig dejó 282 millones sin pagar en subvenciones inmobiliarias con 16 aún pendientes

La Generalitat busca a los últimos beneficiarios del Plan de Vivienda

La Generalitat busca a los últimos beneficiarios del Plan de Vivienda

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha colgado el cartel de Se busca. La razón: 16 millones de euros de ayudas del Plan de Vivienda que de 2009 a 2013 comprometió hasta 242 millones de euros para alquiler, rehabilitación y construcción de VPO, por lo que los beneficiarios podrían ser desde particulares hasta empresas. Muchos de ellos cobraron a partir de 2015, sin embargo, todavía quedan 16 millones que buscan señales de su legítimo dueño.

Todo comienza con los Planes Estatales de Vivienda y Suelo para 2005-2008 y 2009-2012 a partir de los que la Generalitat otorga una serie de subvenciones en materia de alquiler y compra de vivienda. El problema llega a partir de 2009, la crisis económica hace mella a las cuentas públicas que descienden gradualmente las aportaciones de esta partida. Tanto es así que en 2011, desde la propia Conselleria de Obras Públicas se emiten informes desfavorables de pago «motivados en el incumplimiento de determinados preceptos legales», entre ellos, « la indispensable consignación del crédito necesario para otorgarlas de forma previa a su concesión».

Según se explica en el propio DOGV, «las anomalías relacionadas eran comunes al conjunto de los expedientes de subvenciones que a esa fecha se encontraban aún pendientes de contabilización y pago». Así, los demandantes de ayudas que todavía no se habían pagado muestran «anomalías». En total, estos expedientes pendientes en 2014 se estimaba en 242 millones de euros.

La falta del cobro de las ayudas prometidas provoca la queja de los afectados que cumplían los requisitos, pero que seguían sin recibir subvención ninguna. Esta situación obliga al departamento que en aquel momento dirigía la hoy líder del PP, Isabel Bonig, a incluir un apartado dentro de la Ley de Puertos para «considerar debidamente todas las ayudas» e instar «a la tramitación del pago de las mismas en la medida en la que las disponibilidades presupuestarias lo permitieran». Es decir, la nueva legislación reconoce las ayudas, la deuda de 242 millones de euros, pero dice que se pagará cuando haya dinero.

A estos 242 millones de euros que tuvo que reconocer Isabel Bonig, se le suman otros 40 millones de la misma etapa que tuvieron que ser reconocidos por el gobierno del Botànic, una serie de subvenciones que ni habían significado una concesión de la ayuda ni la denegación de la misma.

El pago de las ayudas

Una vez cambia de color el ejecutivo autonómico, la factura de las ayudas de vivienda emitidas por Bonig y que todavía seguían sin estar pagadas asciende hasta los 282 millones de euros. De estos, ya se han ejecutado 266 millones de euros -235 de los 242 y 31 de los otros 40- y, según explicaron fuentes de la Generalitat, el 90% había sido con el Botànic a los mandos de la administración.

¿Qué pasa entonces con los 16 millones restantes, los 7 de los 242 y los 9 de los 40? Son beneficiarios con los que, por diferentes motivos, no se ha podido contactar; desde cambios de domicilio fiscal hasta cierre de empresas. Los cuatro años de advertencias de las ayudas ya han pasado y el pago caduca. De ahí llega el ultimátum a partir de un Se busca del DOGV y la Generalitat con un plazo de 15 días para presentar alegaciones. El tiempo, en este caso, sí es oro.

Compartir el artículo

stats