El parlamento valenciano trasladó el martes a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública una proposición no de ley que insta al departamento dirigido por Gabriela Bravo a priorizar el teletrabajo entre el personal de la Generalitat, profundizando en la línea de lo establecido en una resolución del mes de mayo que daba un protagonismo relevante al trabajo no presencial frente a la Covid-19 y abría el camino para que las conselleries presentaran planes específicos de contingencia. El problema es que dicha resolución, que sentaba las bases para un regreso paulatino de los funcionarios, quedó derogada en junio cuando Justicia dio un giro y decretó la reincorporación inmediata del 100% de la plantilla a sus puestos presenciales de trabajo.

Esta última orden, criticada por los sindicatos, abrió una brecha en el Consell por el malestar generado entre las conselleries de Compromís, partidarias de una mayor flexibilidad en el retorno. La resolución de las Corts, aprobada en el pleno del 21 julio con el voto favorable de todos los grupos políticos excepto Vox, parte de una propuesta de Unides Podem formulada con anterioridad al polémico decreto de regreso de los funcionarios, de ahí la alusión a la resolución derogada del mes de mayo. Sin embargo, nadie corrigió ni adaptó el texto inicial, que fue ratificado cuando se aceptaron las enmiendas aportadas por Ciudadanos (Cs), PP y Compromís a la proposición no de ley. El resultado es un mandamiento del legislativo al ejecutivo que enmienda y deja en mal lugar el contenido del decreto aprobado por Justicia para la reincorporación al trabajo presencial. Se trataría de una anécdota sin mayor trascendencia de no ser por el pulso que, desde hace semanas, mantienen varias conselleries con el departamento que dirige Gabriela Bravo a costa del teletrabajo. Además, la resolución de las Corts supone una presión extra para Justicia en vísperas de la reunión prevista hoy para abordar la nueva regulación del teletrabajo, en fase de consulta pública.

Más presión para Justicia

Las centrales sindicales podrían acogerse al texto para argumentar que toda propuesta normativa sobre el trabajo no presencial debería ir incardinada al contenido de la resolución derogada de mayo y no al decreto posterior del Consell aprobado en junio. Por otra parte, la Conselleria de Justicia -a través de Función Pública- tiene desde hace días encima de la mesa un programa de potenciación del teletrabajo aprobado por la Conselleria de Economía al que también se acogen los sindicatos. La petición de las Corts alimenta el debate y puede tensar aún más la cuerda en el seno del Consell.