Más de un año después de que a una mujer hondureña en situación irregular se le abriera un expediente de expulsión cuando fue a denunciar la agresión de un hombre a la comisaría de Xirivella, injusticia de la que informó en su día Levante-EMV, el Ministerio del Interior sigue sin garantizar que este tipo de actuaciones policiales no se vuelvan a producir, según criticó ayer València Acull. Por eso, el Defensor del Pueblo ha requerido recientemente a Interior a que de forma urgente adopte medidas para que cualquier persona, independientemente de su situación administrativa, pueda acudir a denunciar sin temor a ser expulsada.
Desde que el 3 de mayo de 2019 la Policía Nacional de Xirivella detuvo y ordenó la expulsión de una chica hondureña que acababa de ser víctima de la violencia machista, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha solicitado infructuosamente hasta tres veces al Ministerio del Interior que asegure que las víctimas extranjeras en situación irregular puedan denunciar cualquier delito sin miedo a su expulsión.
Sin embargo, el ministro Fernando Grande-Marlaska, haciendo caso omiso al Defensor, a la normativa europea (Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de las víctimas de delito), al Estatuto de la Víctima del Delito, a las Corts Valencianes y a las miles de personas que expresaron su solidaridad con la mujer hondureña, mantiene el mismo criterio: a quien no tenga papeles se le abre expediente de expulsión aunque su situación irregular se haya detectado al ir denunciar un delito, criticaron desde València Acull.
