El objetivo de la misión era encontrar las facturas de los presuntos pagos que el exconseller de Industria Fernando Castelló podría haber recibido de la compañía Elecnor, SA a cambio de la adjudicación indirecta de una porción del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. Pero en los últimos registros practicados por la UCO en el marco de la Operación Erial, los agentes dieron con un hallazgo casual que, a juicio policial, podría constituir una prueba relevante contra otra sonada trama de corrupción protagonizada por dos exaltos cargos del PP a nivel nacional: Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna.

El exembajador en la India y el exdiputado del Congreso son objeto de una investigación de la Audiencia Nacional que trata de determinar el cobro de comisiones millonarias por parte de ambos políticos a cambio de brindar contratos en el exterior a empresas españolas. Fue el pasado 10 de julio cuando los investigadores del caso Zaplana encontraron, en una de las entradas a las diferentes dependencias de Elecnor, SA, una copia de una factura por importe de 211.750 euros emitida en 2014 por la mercantil Karistia, SLI, cuyo administrador era Arístegui, entonces embajador. Junto a la misma se hallaron correos electrónicos entre trabajadores de la empresa que arrojan pistas sobre quién ordenó y ejecuto los pagos y cómo se imputó contablemente a uno de los proyectos de la sociedad.

Los agentes también se incautaron de una de serie de impresiones del programa contable de Elecnor, SA, en el que aparecerían diferentes pagos a otros tres destinatarios relacionados con la investigación seguida en la Audiencia Nacional, a la que ya se han remitido las diligencias recabadas. Los documentos fueron localizados en una cajonera ubicada en el despacho del adjunto al responsable de contabilidad.

La Fiscalía Anticorrupción avaló la incorporación de esas facturas a otra causa recalcando que, dentro del caso Erial, la empresa también está siendo investigada por delitos «asociados a la corrupción» e igualmente referidos al abono de facturas a una empresa cuya titularidad recaía en un político en activo, en alusión al exconseller Fernando Castelló, a quien la Fiscalía señala como posible perceptor, entre 2011 y 2015 y a través de una firma familiar, de 151.380 euros procedentes de Elecnor y declarados a la Agencia Tributaria. Sin embargo, los informes de la UCO incorporados a la última pieza abierta del caso Erial reflejan las dificultades con las que se topó la Guardia Civil para encontrar las citadas facturas en las dependencias de Elecnor, entre otras cosas por los propios obstáculos de la mercantil -señalados por la propia Fiscalía- a la hora de conceder las claves correctas de acceso a las carpetas de los ordenadores y de aclarar la ubicación de los recibos, que motivaron varias órdenes judiciales. En la sede del Paseo de la Castellana de Madrid, los responsables de la compañía manifestaron que la documentación requerida se encontraba en la delegación de Valencia. Pero allí no estaba. Diversos empleados declararon a la UCO que las facturas se hallarían en Bilbao, donde las pesquisas apuntaron como lugar probable a un habitáculo escondido en un sótano.