El 48 por ciento de los valencianos en edad activa no tiene ningún tipo de cualificación -ni estudios universitarios ni formación profesional-. Para acabar con esta situación, mejorar la empleabilidad y dar respuesta a una sociedad que demanda técnicos, el nuevo Plan de Modernización de Formación Profesional de la Generalitat oferta 8.338 plazas más para el nuevo curso y acreditará las competencias de 21.000 profesionales. Para analizar el escenario actual de la FP y su desarrollo e implantación, así como la colaboración público- privada, Levante-EMV y el diario Información han celebrado un encuentro entre algunos de los principales agentes sociales tanto del sector público como privado, quienes han puesto sobre la mesa los principales retos para que la formación profesional deje de ser vista por encima del hombro y acabar con los falsos mitos que todavía persisten en la percepción del ciudadano.

El desayuno de actualidad, celebrado con la colaboración de MEDAC, ha contado con la presencia del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, Miquel Soler; la concejala de Empleo del Ayuntamiento de València, Pilar Bernabé; el director general del Instituto MEDAC, Miguel Reinoso; el secretario general de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA), Luis Rodríguez; y el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez.

«Si queremos cambiar el modelo de crecimiento económico del país a medio y largo plazo se tiene que ver qué medidas se adoptan en el ámbito de la educación, tanto en el etapa escolar como con la población adulta ya en edad activa», indica el secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, Miquel Soler, quien apuesta por la colaboración público-privada y por acercar el mundo de la FP a las empresas, para conocer las necesidades del mercado laboral.

«Se trata de un trabajo conjunto de los agentes sociales, administración, empresarios y organizaciones sindicales», aclara Soler, ya que hay ciclos que tienen mucha demanda pero no empleabilidad. Para mejorar la oferta de ciclos, no solo de plazas sino la calidad de las metodologías de aprendizaje innovadoras adaptadas a los sectores productivos actuales, la Comunitat Valenciana recibirá el 14 por ciento de los fondos destinados por el Estado a las comunidades autónomas, lo que se traduce en 37 millones de euros.

Respecto a la necesidad de este impulso económico que requiere la Formación Profesional en España, «asignatura pendiente» durante años en palabras del secretario general de FEMPA, Luis Rodríguez, «invertir en FP es construir sociedad». «Estamos en un momento histórico en el que va a ser más necesario que nunca impulsar una reactivación económica, que va a requerir que se incorpore a las empresas todo ese talento que existe en las escuelas y centros de formación profesional», remarca Rodríguez.

Problema de percepción

«La radiografía de la FP en España muestra que es un problema de percepción, hay que llegar y conectar con las nuevas generaciones», argumenta el director general del Instituto MEDAC, Miguel Reinoso, en cuyos centros de formación cursarán el próximo año titulaciones de FP más de 12.000 alumnos.

Aunque la elección de los jóvenes que se decantan por la formación profesional cada vez es mayor, al pasar de un 6 por ciento que acudían a los ciclos de formación de grado medio al finalizar 4º de ESO en el curso 2008/2009, al 25% del pasado año, por su experiencia Reinoso reconoce que todavía muchos padres ven con reticencias que sus hijos dejen los estudios de Bachillerato y opten por la FP como alternativa de futuro laboral. «En España arrastramos un meme histórico heredado del franquismo de que la universidad se asocia a riqueza, aristocracia, corbata y buen puesto de trabajo, y en cambio la FP es de tiesos, gente pobre y humilde», añade Reinoso sobre este falso mito que todavía observa en las caras de muchos padres que acuden con sus hijos en el momento de la matrícula.

Pese a esta percepción cada vez son más los jóvenes que deciden apostar por la formación profesional, y no solo estudiantes en edad temprana, sino trabajadores en activo o licenciados que quieren mejorar sus competencias laborales conocedores de las ventajas de esta especialización profesional. Ejemplo de ello es que en algunos ciclos determinados como desarrollo de la informática o relacionados con la química cuenten con un 20 por ciento de alumnos ya licenciados en estas materias porque el mercado laboral y competitivo se lo demanda.

La administración local también tiene mucho que decir en cuestiones de formación laboral y colaboración público-privada. Como representante de este sector, la concejala de Empleo del Ayuntamiento de València, Pilar Bernabé, explica que de los cerca de cuatro a cinco millones de euros anuales destinados a formación para el empleo se distribuyen a través de licitaciones con empresas o entidades con base en las líneas marcadas por el observatorio en el que están tanto la patronal como la parte social. «Hay que buscar sinergias para que los usuarios de nuestros centros de empleo mejoren su empleabilidad», apunta.

Como ejemplo de la alta demanda de profesionales, Bernabé indica que de todos los planes de empleo llevados a cabo por el Ayuntamiento de València en estos dos últimos años más de medio millar son titulados de FP, sobre todo ligados a la parte administrativa o de ciclos formativos relacionados con el deporte o la asistencia sociosanitaria, y las competencias digitales. De las 1.400 contrataciones de la agencia de colocación pública municipal, un 40 por ciento eran de perfiles de titulación de ciclos formativos.

Por su parte, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha sido la voz disidente en el encuentro al considerar que actualmente, todavía «tenemos una formación profesional de escasa calidad», en la que acaban por desgracia aquellos alumnos que por su rendimiento académico en la escuela han sido expulsados del sistema. Así, aboga por «dignificar la FP y que no se acceda a ella como si fuera la última oportunidad de los que estaban esperando cumplir la edad laboral para dejar la escuela».

El Plan Estratégico aprobado por el Consejo Valenciano de la Formación Profesional se centra en dos frentes. Uno de ellos sería la acreditación de la experiencia laboral para poner en valor los conocimientos y competencias de años de trabajo. El otro es el incremento de la oferta de la formación profesional en aquellos sectores en los que haya mayor posibilidad de empleabilidad y mayor capacidad de inserción laboral, según el secretario autonómico de Educación y FP.

Mayor empleabilidad

«La matemática de la FP frente a la universidad es aplastante», sostiene el director general de MEDAC. Según un informe de ANAC, un licenciado y un titulado de Formación Profesional de grado superior ganan prácticamente lo mismo. Mientras que el desempleo es mucho mayor en aquellos que proceden de la universidad que los de la formación profesional, tanto de grado medio como superior. De hecho, un 30% de los alumnos que finalizaron los estudios de Grado Universitario en 2014 todavía no habían encontrado empleo el año pasado.

Así, el director general de MEDAC puso como ejemplo las tasas de los países como Alemania, Suecia o Dinamarca, «aquellos a los que nos gustaría parecernos», donde a mayor porcentaje de alumnos de FP hay una correlación con un menor paro juvenil. Las expectativas reflejan que más del 50 por ciento de la demanda de empleo será para cargos intermedios de FP, frente al 35% de cargos superiores universitarios. «Estamos ante una generación engañada, las empresas quieren técnicos, no licenciados o gente sin cualificación, y la oferta pública no lo puede abastecer», asegura Reinoso.

Miquel Soler coincide en la necesidad de técnicos cualificados, pero aclara: «No sobran estudiantes universitarios, es falso, estamos en la media de la OCDE, hacen falta más en FP». De hecho, los estudios indican que hacia el año 2025 entre el 82 y el 85% de los puestos de trabajo van a requerir como mínimo tener un grado medio de formación profesional.

Entre las propuestas de cambio que se plantean está la de cambiar el sistema educativo y la Ley Laboral para evitar que los jóvenes a los 16 años puedan dejar la formación porque les han ofrecido un puesto de trabajo. No debe haber contrato para quien no tenga formación, señala Soler. Pan para hoy, hambre para mañana. Así como mayor agilidad para las cualificaciones, flexibilidad en los ciclos -no todos tienen que tener un mismo número de horas lectivas, la formación profesional dual, donde se ponga en práctica lo aprendido en un trabajo real, una buena red de trabajo entre los agentes sociales implicados. Todo ello acompañado de una inversión pública y privada en condiciones.