Los datos son de un mundo que suena a distante, de un pasado al que hay que mirar con telescopio por lejano y cambiado aunque sea de hace apenas unos meses. La Memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) 2019 tiene ese tinte color sepia que se le quedan a las fotografías mantenidas en el álbum ante una realidad que arrolló la instantánea. Pese a ello, deja datos que sirven de aviso a lo que vendrá, porque si la justicia reclamaba más medios para atender los asuntos pendientes y evitar el colapso, después del parón que han traído el virus y su cuarentena, estos van a necesitar redoblarse.
El informe anual del máximo órgano de justicia valenciano señala que se debe contratar a más personal, se deben hacer mejoras de material y abrir nuevas secciones para atender el crecimiento constante en el número de apelaciones, unas necesidades que se verán agravadas cuando se contabilice el retraso que ha provocado la cuarentena. Tal y como explican fuentes del TSJ, «no tenemos datos todavía, pero lógicamente sí habrá más asuntos pendientes sin resolver; la suspensión de los plazos procesales hace que haya un aumento de casos».
En esa realidad anterior al virus, desde la Sala de lo Social del TSJ, la sección destinada a los conflictos laborales, reivindica un aumento de medios. «Si se observa la serie histórica reciente, existe una bolsa de pendencia que oscila entre los 2.500 y los 3.000 recursos, que con los medios actuales no ha sido posible revertir», indica el informe, que muestra que 2018 quedaron sin resolver 2.736 recursos mientras que en 2019 aumentó hasta los 3.026, un 10% más. En este sentido, destacan que el número de miembros de dicha sala «permanece invariable desde el año 2.000 pese a la complejidad de las materias sometidas a conocimiento de esta sala».
En una misma línea, desde la Sala de lo Civil y Penal critican que «la dotación de medios personales de esta Sala es escasísima». «Fácilmente puede entenderse que tan escasa plantilla no puede hacer frente en forma adecuada a la carga de trabajo que generan», expresa el documento que también indica que la comisión de servicio para sustituir a uno de los magistrados es «un mero parcheo». También que en el ámbito penal esta sala «ha conocido de diversos procesos penales contra aforados que generaron una carga de trabajo muy superior a la que podía soportar».
Audiencias provinciales
Más allá de las necesidades de las secciones del Alto Tribunal de la Comunitat Valenciana, la memoria incluye la situación de las audiencias provinciales de València, Alicante y Castelló. Así, respecto a esta última, una de las grandes reivindicaciones es la «urgente creación de la Sección Cuarta». «La evolución de la carga de trabajo, especialmente en materia civil, hace evidente la necesidad de creación de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Castelló», explica el texto, que añade que «el incremento puede conducir, en el peor caso, al colapso y en el mejor a un alarmante deterioro de la prestación del servicio público de la justicia, visto que el tiempo de espera ha pasado de 3,73 meses en 2015 a 14,86 meses en el primer semestre de 2019».
En el caso de la Audiencia Provincial de València, pide «la ampliación de las plantillas, toda vez que ni el número de letrados de la Administración de Justicia ni el número de funcionarios de las secciones se ha incrementado» o que se «mantengan los funcionarios de refuerzo de las secciones que los tienen». También se considera «indispensable» el aumento de la planta judicial.
Por último, desde la Audiencia de Alicante precisan la creación de la sección 11 en Elx para «solucionar la alarmante situación que presenta» la sección número 7. «La situación que presenta en la actualidad es muy deficiente, pues la carga de trabajo se sitúa por encima del 168%, y el tiempo de respuesta es de 6,6 meses, muy superior a la media nacional», manifiesta la memoria anual.
