El bloqueo del gasto que se impuso en época de austeridad ha conducido a la administración municipal valenciana a atesorar cerca de 4.500 millones de euros retenidos en los bancos. Buena parte de esos ahorros, junto al uso del superávit de 400 millones con el que los ayuntamientos cerraron 2019, están hoy en juego. Los alcaldes encaran divididos la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios (FEMP) que este lunes abordará la última propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de semanas frenéticas en la búsqueda de un acuerdo decisivo para dar a los consistorios el oxígeno que reclaman ante el abismo económico generado por la pandemia.
La cita se ha aplazado hasta en dos ocasiones porque el PSOE no ha conseguido los apoyos necesarios para sacar adelante sus planes, que pasan por que los ayuntamientos entreguen al Gobierno sus remanentes acumulados -15.000 millones de euros en toda España- en forma de préstamo. A cambio, Hacienda se compromete a inyectar liquidez inmediata a las entidades locales movilizando 5.000 millones a fondo perdido y con cargo a los Presupuestos Generales. El resto del préstamo se les devolvería en un periodo de diez años, a contar desde 2022.
Montero puso este último ofrecimiento encima de la mesa el viernes en un intento desesperado de lograr el apoyo de Podemos y desbloquear la negociación. Hasta ahora, la formación morada se ha alineado junto al PP, Ciudadanos y Junts en contra de la «incautación» de los remanentes. Hoy, los socios de los socialistas tienen la llave del acuerdo, que contempla la supresión del techo de gasto y permite a las entidades locales gastar el superávit del 2019 -400 millones en la C. Valenciana- siempre que mantengan el equilibrio presupuestario.
El documento incluye un fondo para cubrir el déficit del trasporte público de 275 millones de euros, ampliable hasta los 400 millones. Pero una de las cuestiones que suscita ciertos recelos es que aquellos ayuntamientos que no tengan remanentes no participarán del ingreso de los 5.000 millones a fondo perdido, que el Gobierno repartirá entre las corporaciones atendiendo a criterios de proporcionalidad. En suelo valenciano, 70 cerraron 2019 con números rojos.
La nueva propuesta del Gobierno sigue siendo rechazada por los alcaldes de València y Alicante. «La única propuesta que nos convence es la de acceder a nuestros propios remanentes de tesorería, los que ha generado la buena gestión municipal del dinero público de los valencianos y valencianas», mantiene Joan Ribó (Compromís), que no ve justo el trato de Hacienda. « El dinero es de los ayuntamientos, que lo deben gestionar y disponer de él», coincide Carlos Mazón (PP), presidente de la Diputación de Alicante.
«Más garantías jurídicas»
A juicio del alcalde de Benavites y responsable de Economía de los populares en la Diputación de València, Carlos Gil, el plan abre la puerta a que «el ayuntamiento que no hace los deberes se pueda nutrir del que sí los ha hecho». «A nadie le gusta que entren en su nevera y le quiten lo suyo», remacha.
El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y alcalde de Elda, Rubén Alfaro (PSOE), no se atreve a aventurar qué pasará hoy, pero resalta que la última propuesta ofrece «un poco más de garantía jurídica» a los consistorios. «Entiendo que haya alcaldes que no les guste, pero esta es la mayor concesión que se ha hecho sobre el uso de remanentes. Nunca hemos tenido esa financiación». Alfaro espera que los miembros de la junta d egobierno de la FEMP «reflexionen mirando al futuro de todos» y lleguen a un acuerdo. La ministra Montero advierte de que no hay otra alternativa.
