El 64 % de los 4.522 internos que pasaron por el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de València entre 2015 y 2019 fueron recluidos tras ser interceptados por la policía durante su entrada ilegal en patera a España. El Gobierno ha detallado una serie de cuestiones relevantes relativas al funcionamiento del complejo de Zapadores en una respuesta parlamentaria a la última petición de información cursada por el senador de Compromís Carles Mulet, muy crítico con la situación del centro. Del informe se desprende que un total de 4.270 hombres y solo 252 mujeres terminaron entre las paredes del CIE en los últimos cuatro años, con una estancia media de internamiento de 26 días.
El principal motivo de reclusión es la entrada ilegal en patera, causa por la que fueron retenidos un total de 2.909 internos entre 2015 y 2019. En segundo lugar, 929 migrantes fueron enviados a las instalaciones por estancia irregular, mientras que solo 212 fueron internados como consecuencia de una condena por delito con sentencia firme. 161 habían incumplido la prohibición expresa de entrada en España y 89 traspasaron ilegalmente las fronteras mediante una vía distinta a la patera. Sobre 36 de los recluidos pesaba una expulsión judicial sustitutiva de una pena de prisión, 18 fueron internados por motivos de seguridad pública y 16 entraron ilegalmente en el país en un buque.
El informe señala que en el CIE de València trabajan un total de 54 agentes policiales, mientras que el servicio médico lo componen dos facultativos médicos y tres técnicos de enfermería. La sala de curas, apunta el documento, está dotada del «instrumental y material necesarios»: un electrocardiógrafo, un desfibrilador, dos camillas fijas, dos camillas portátiles, una silla de ruedas y un par de muletas.
El servicio de asistencia social del centro, prestado por Cruz Roja desde 2016, lo integran dos trabajadores sociales y tres mediadores sociales para la asistencia individualizada de las personsa internas. Existe igualmente un servicio de intérpretes que se entrevistan con los internos y con el juez de control de estancia en sus visitas al centro con una media de dos atenciones mensual. Según el Gobierno, el «CIE de València cumple escrupulosamente con todas las medidsa tendentes a salvaguardar los derechos y libertades de los inmigrantes internos». Desde Compromís, en cambio, se reiera la exigencia de «clausurar estas inhumanas cárceles para extranjeros».
