Las diferentes campañas de exhumaciones en una decena de fosas comunes del cementerio de Paterna ya han permitido identificar los restos de más de 800 víctimas que fueron fusiladas durante la represión de la dictadura franquista. Las excavaciones se iniciaron en 2017 gracias a las ayudas económicas de la Diputación de Valencia. Actualmente se están recuperando los restos de la fosa 111, una de las más numerosas con 160 ajusticiados.
Según explican desde la Plataforma de Familiares de Víctimas del Franquismo de las Fosas de Paterna, con la entrada de la Generalitat Valenciana en la concesión de ayudas -gracias a la nueva Ley de Memoria Democrática- se prevé la recuperación de 600 víctimas más. Si en el paredón de Paterna se fusilaron a 2.238 personas, a finales de 2021 más de la mitad de los republicanos asesinados «se verían fuera de la indignidad de la fosa común a la que fueron condenados por el régimen franquista», explica Daniel Galán, presidente de la plataforma y de la fosa 128, donde quedó sepultado en cal viva su abuelo, que fue alcalde por Izquierda Republicana en la pedanía de Fuentepodrida (Requena).
Para darles la dignidad que se merecen, las asociaciones de familiares de las fosas comunes 128 y 94 de Paterna solicitaron formalmente el pasado viernes al ayuntamiento, que preside el socialista Juan Antonio Sagredo, la creación de un mausoleo-memorial conjunto para todas las víctimas y la inhumación en el mismo de aquellos restos que no hayan sido ni identificados ni reclamados por sus familiares o descendientes.
Tras las exhumaciones, ante el inminente retorno de los cuerpos no identificados ni reclamados por sus familiares, las diversas asociaciones de familiares de víctimas que forman la Plataforma consideran que «de ninguna manera estas personas deben volver a la indignidad de la fosa común de la que tanto esfuerzo costó sacarlas», precisa Galán. Según explicaron ayer los descendientes, «es la primera vez que una asociación de familiares solicita al ayuntamiento la inhumación de los cuerpos fuera de la fosa común donde fueron enterrados durante el franquismo», debido a que los familiares «consideran una atrocidad volver a meter los cuerpos de sus padres y abuelos en las fosas franquistas donde fueron apilados sin identificar hace 80 años». Esta solicitud está respaldada por la federación denominada Plataforma y por la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià.
Tanto la ley estatal 52/2007 de 26 de diciembre, como la autonómica 14/2017 de 10 de noviembre, prevén que las víctimas no identificadas ni reclamadas por sus familiares «deberán volver al mismo cementerio del que fueron exhumadas», pero, según Galán, eso no significa que «necesariamente tengan que volver a la misma fosa común, al hoyo donde el franquismo quiso que estuvieran. No podemos seguir dando credibilidad al franquismo y su represión».
El espacio donde se debería ubicar el memorial-mausoleo es propiedad municipal, de ahí que las asociaciones estén intentando negociar con el ayuntamiento su construcción y ubicación. Las conversaciones se han extendido de forma informal durante los últimos meses y el pasado viernes realizaron la petición por escrito, donde emplazan a que el consistorio pueda recibir ayudas de la diputación destinadas a la creación de obras funerarias y para la realización de proyectos de recuperación de la Memoria Histórica.
Un espacio divulgativo
Los familiares de represaliados, asociaciones, Plataforma y Coordinadora reclaman que ese «gran mausoleo» esté a nivel del suelo para honrar a los 2.238 represaliados en una nueva ubicación dentro del cementerio de Paterna, que sirva de memorial y de sitio divulgativo «para que las nuevas generaciones aprendan nuestra historia reciente y los horrores de la dictadura».
El columbario colectivo sería modular y ampliable para las recuperaciones futuras de víctimas. En el mismo se podrían depositar los restos de aquellas personas que nadie reclama, «en un sitio mucho más digno que el que han tenido hasta ahora».
