Con dificultades, pero la senda de acuerdos para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana diseñada por Ximo Puig avanza. Las principales instituciones, gobernadas por representantes del PSPV, del PP y de Compromís, firmarán esta mañana un pacto por la recuperación. Aunque hubo dudas hace unos días, finalmente estarán todas, también la Diputación de Alicante y el ayuntamiento de aquella ciudad, controladas por el PP con el apoyo de Ciudadanos.
La corporación provincial alicantina destacó ayer que ha conseguido introducir en el documento final una referencia a «la defensa común de la continuidad del trasvase Tajo-Segura como elemento estratégico socioeconómico y ambiental». Asimismo, el acuerdo incorpora una referencia a la finalización de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó.
Fuentes del Consell precisaron que ambas transferencias hídricas forman parte de la hoja de ruta del Gobierno del Botànic y que las referencias que se incluyen tienen un acento municipalista.
El acuerdo evita entrar en los puntos polémicos sobre los trasvases, añadieron. El gobierno tripartito blindó en la legislatura pasada la toma de agua del Júcar-Vinalopó desde Cullera. Esa es el elemento de divergencia con el PP, que reclama una toma desde la cabecera del río.
En concreto, el punto incluido, el 127, queda de la manera siguiente, según ha podido saber este diario: «Finalizar la parte de las obras sin ejecutar del Júcar-Vinalopó y la búsqueda de acuerdos para establecer reglas de gestión y explotación participativa para el funcionamiento de la conexión».
El documento que se firma esta mañana contiene más de 300 puntos y se ha desarrollado en trece grupos de trabajo a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), en las que han participado también representantes de las diputaciones y de las distintas conselleries.
«Voluntad de consenso»
«Lo que ha primado ha sido la voluntad de consenso, más allá de cuestiones concretas», afirmaron ayer fuentes del Ejecutivo valenciano. El acuerdo incide especialmente en preocupaciones comunes a los ayuntamientos, como el respaldo a pequeñas empresas, a los autónomos y a personas en situación de vulnerabilidad, añadieron.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), estará también hoy en el Palau de la Generalitat para la firma del llamado «acuerdo institucional». Fuentes de su equipo de gobierno explicaron a este diario que se han aceptado las propuestas que realizó sobre el apoyo a sectores productivos fundamentales en Alicante, como el agrícola, turístico y comercial. «Es un momento de anteponer la realidad a las utopías, y de ser eficaces en la adopción de medidas que la gente necesita», aseveraron las citadas fuentes.
En el entorno del presidente de la diputación, Carlos Mazón, lamentan a su vez más concreciones en el documento, pero aseguran que están «dentro» del acuerdo, que ha sido trabajado desde la FVMP por representantes de la corporación.
Mazón y Barcala acuden a firmar desde un enfoque crítico. Ambos cuestionan sobre todo que el documento final no incorpore un presupuesto. No obstante, su participación en el acuerdo dota de especial relevancia a este. Traslada un mensaje de responsabilidad y de unidad institucional a la ciudadanía, al margen de quien gobierne.
El documento iba a firmarse la semana pasada, pero se aplazó unos días para disipar dudas en los dirigentes alicantinos del PP, que reprocharon que no habían tenido un conocimiento exhaustivo del texto final. El Consell aseguró que los representantes de la diputación y el ayuntamiento alicantinos dehabían participado en la elaboración del texto en la FVMP.
El de hoy será el segundo acuerdo de los tres previstos en el cuaderno de bitácora de Puig hacia un gran pacto valenciano para la reconstrucción tras la pandemia. «Alcem-nos» es el lema con el que la Generalitat ha bautizado esta estrategia de consensos.
El pasado 21 de julio, el Ejecutivo firmó con la patronal y los principales sindicatos el acuerdo social, compuesto también por más de 300 medidas que abarcan el grueso de la gestión pública.
El acuerdo de esta mañana representa también un empujón final a los distintos grupos parlamentarios para consensuar el dictamen de la comisión especial creada en las Corts. Hasta el momento, el documento solo cuenta con el apoyo de los partidos del Botànic tras asumir un porcentaje amplio de enmiendas de PP y Ciudadanos (Vox se mantuvo al margen de los trabajos).
Con la mirada en las Corts
Sin embargo, la oposición al completo se resiste a suscribirlo en su forma actual. Alega prejuicios ideológicos en los socios del Gobierno valenciano al incluir referencias concretas a las reversiones de las concesiones sanitarias y a nuevos impuestos, como los de grandes fortunas o los verdes, o incluso alguna mención (más o menos directa) a la tasa turística.
En el seno del Botànic también hay diferencias. Los socialistas abren la puerta a retocar la redacción con el argumento de que no se trata de un acuerdo de gobierno, por lo que no son necesarios compromisos concretos. Compromís y Unides Podem sostienen que el PSPV debería haber planteado un documento más genérico antes de asumir la propuesta botánica. Durante la última semana no se produjeron avances y todo queda a expensas de los movimientos de última hora de los grupos.
El president de la Generalitat y otros miembros del Consell recibirán hoy en el Palau a los tres mandatarios de las corporaciones provinciales, al presidente de la FVMP, a los alcaldes de las cuatro principales ciudades (València, Alicante, Castelló y Elx), al presidente del Foro de municipios de interior (el alcalde de Montanejos) y al representante de las Mancomunidades valencianas.
