El tribunal advierte en la actuación del condenado «un claro propósito de humillación», lo que justifica la condena por delito de odio en sí mismo, como reclamaba la fiscal de odio, Susana Gisbert. Así, el magistrado ponente argumenta que su actuación fue precedida por un «claro rechazo a su orientación sexual», menoscabando su dignidad y realizando acciones que supusieron «descrédito y menosprecio» hacia los perjudicados».
