El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, firmaron este martes en La Moncloa -después de que saliera adelante el pasado lunes- el acuerdo que permite a los ayuntamientos usar sus remanentes y habilita 5.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado a fondo perdido.
En un ambiente distendido y sin intervenciones, Sánchez, acompañado de las ministras de Hacienda y Política Territorial, María Jesús Montero y Carolina Darias, y Abel Caballero suscribió el acuerdo, que este mismo martes recibirá el visto bueno del Consejo de Ministros. Así durante el acto, que duró unos minutos, Sánchez y Caballero se intercambiaron unas palabras y coincidieron en que se trata de un «buen acuerdo».
En un mensaje en Twitter, Sánchez subrayó que esta medida permitirá «impulsar, también desde los ayuntamientos, la recuperación del país», ya que el dirigente considera «clave» dotar a los pueblos y ciudades «de los recursos necesarios para que puedan paliar los efectos del covid y contribuir a la reconstrucción económica y social».
El convenio, al que se llegó tras semanas de negociación entre Hacienda y la cúpula de la FEMP, ofrece 5.000 millones de euros a los ayuntamientos siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado. En principio, los ayuntamientos dispondrían de 2.000 millones este año y 3.000 millones en 2021. El resto del dinero de las remanentes se devolvería al cien por cien en un plazo de diez años, a partir de 2022.
Críticas de la oposición
La propuesta de Hacienda suscitó el rechazo del resto de los partidos con representación en la Junta de Gobierno de la FEMP (PP, Cs y PdeCat) que entienden que el acuerdo abandona a los ayuntamientos sin liquidez. En esta línea crítica, el vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, anunciaba en Murcia que su partido va a presentar un recurso ante el Constitucional por «invasión de la autonomía local» tras la firma del acuerdo, medida que irá acompañada de una petición para que comparezca la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como la presentación de mociones en todos los ayuntamientos y diputaciones contra esta iniciativa.
Asimismo, el dirigente popular advirtió que el acuerdo entre Sánchez y Caballero «supone un corralito a los ahorros públicos de los ciudadanos y que puede ser la introducción a un corralito de sus ahorros privados». Por su parte, otros dirigentes como el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), tachaban de «lamentable» e «impresentable» el acuerdo alcanzado porque, a su juicio, es una «injusticia absoluta» mientras que el máximo dirigente de Aragón, Javier Lambán pedía «no dejar desamparados» a los ayuntamientos sin remanentes.
Ante estos mensajes, Abel Caballero salió al paso y señaló horas más tarde en declaraciones a los medios que el PP parece que «no soporta» que el Gobierno de Pedro Sánchez haya aprobado este «gran acuerdo» y acusó a los populares de hacer «pura política partidaria».
