Gobierno, comunidades y municipios acordaron ayer una respuesta coordinada ante rebrotes en residencias, que incluye la obligación de los centros de tener planes de contingencia y una lista de verificación de que se cumplen las medidas básicas del Plan de Respuesta Temprana frente a la covid-19. Asimismo, estipula que la detección de un único positivo en residencias comportará que se trate como un brote -habitualmente requiere de tres casos vinculados- e impone la realización de pruebas periódicas a usuarios y empleados, algo que la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, descartó hace escasos días.
Esta actuación unificada se adoptó en la reunión celebrada ayer en el Ministerio de Derechos Sociales entre el secretario de Estado, Nacho Álvarez, y los consejeros de Asuntos Sociales autonómicos y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Desde la Generalitat Valenciana valoraron la importancia de la cooperación entre diferentes administraciones y recordaron además que la C. Valenciana ha registrado una de las cifras más bajas de fallecidos sobre el total, por lo que aportará su experiencia, protocolos y normativa para estos casos.
El documento pactado, al que tuvo acceso Efe, establece que las residencias estarán obligadas a comunicar posibles casos de covid al sistema de salud, a disponer de un protocolo de actuación coordinado con las autoridades sanitarias para asegurar la atención a los residentes y a la realización periódica de pruebas a usuarios y trabajadores. El plan también contempla un cambio de criterio en lo que se considera brote: hasta ahora Sanidad trata como un brote tres casos con un mismo origen epidemiológico. Sin embargo, el protocolo fija que un único positivo en un centro de mayores «será indicativo de la aparición de un brote». Esto comporta la notificación a las autoridades, el aislamiento del caso, la cuarentena de todos sus contactos estrechos y la búsqueda activa de otros casos asociados.
El plan también obliga a Sanidad a garantizar la atención hospitalaria a los residentes en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía, que los centros adapten las visitas y las salidas en función de los diferentes escenarios y que nombren a un responsable que hará las funciones de enlace entre la residencia y Sanidad.
La actuación de las residencias deben ir encaminadas a la humanización de la atención, previendo en la planificación de la atención el mantenimiento máximo de la dignidad de la persona de acuerdo a sus decisiones y voluntades anticipadas, remata el documento sobre el que han trabajado las administraciones.
