La solución brindada por el Gobierno para aliviar las estrecheces financieras de los ayuntamientos ha generado una honda fractura en el municipalismo. Lejos de calmar las aguas, la división se avivó ayer un poco más con la publicación en el BOE del Real-Decreto que ofrece a las entidades locales liberarse de la soga de la regla de gasto y flexibilizar el uso del superávit si ponen a disposición del Estado los remanentes acumulados y bloqueados por las leyes de austeridad a través de un préstamo que el Ministerio de Hacienda promete devolver -con intereses- en un periodo máximo de 15 años.
El tiempo apremia. La letra pequeña del texto fija el 15 de septiembre como límite para que los consistorios decidan si se suman al plan voluntario, trasladando a Hacienda su «compromiso firme, vinculante e irrenunciable» de transferir sus recursos. Como contrapartida, el Gobierno movilizará un crédito extraordinario del 35 % de los fondos recabados con el préstamo que, como mucho, alcanzará los 5.000 millones (a repartir el 40 % en 2020 y el 60 % en 2021) para que los ayuntamientos lo destinen a actuaciones de agenda urbana y movilidad sostenible, a reforzar los cuidados de proximidad o al ámbito cultural.
Los alcaldes del PP y de Compromís están siendo los más beligerantes contra la norma. Ambos partidos, junto a Ciudadanos, sacaron adelante ayer en la Diputación de Alicante una iniciativa reclamando su retirada que, previsiblemente, se reproducirá en otros ayuntamientos. El PSOE, el único partido que apoyó el acuerdo con Hacienda en la Federación de Municipios, afronta un escenario complejo para lograr la convalidación del decreto en el Congreso.
Los representantes de Compromís coinciden en tachar la decisión de «chantaje» y de «atentado a la autonomía municipal». «Hemos liquidado la deuda y ahora parece que se nos va a castigar», opina la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín. «Si quieren tener un prestamista, que exijan a la banca que retorne el dinero del rescate», agrega la dirigente, que censura la aprobación del decreto en agosto. «Los secretarios e interventores están de vacaciones y va a ser complicado tener claro en las próximas semanas qué haremos».
"Falta de respeto"
David González, alcalde de Oliva, teme que adherirse al plan pueda suponer una merma en la tesorería. «Hemos acumulado 7 millones de remanente de forma responsable y ahora con la crisis es cuando más vamos a necesitarlo», recalca González, para quien la solución dada es «una falta de respeto total a ayuntamientos. El Estado nos trata como a niños pequeños».
Para el alcalde de Alzira y vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios, Diego Gómez, existen otras soluciones para permitir a los ayuntamientos usar sus recursos bloqueados. Y todas ellas pasan por derogar la ley Montoro. «Llevamos 2,3 millones gastados para hacer frente a la covid-19 mientras tenemos los remanentes parados», advierte.
Ana Sala, alcaldesa de Calp (PP), coincide en que la propuesta es «muy triste y negativa para los ayuntamientos». «Nos apretamos mucho el cinturón, hemos liquidado la deuda y tenemos 6 millones de remanentes. Cuando por fin podíamos destinarlos a lo que realmente necesitamos viene este atraco a mano armada», sostiene Sala, que no ve claros los criterios para el reparto de los 5.000 millones por parte del Gobierno.
«Decepción» es la palabra que usa el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, crítico con el hecho de que solo tengan acceso a esa inyección «los que pasen por el aro y entreguen su superávit». «Lo que necesitamos son ayudas directas e incondicionadas, porque hemos tenido que movilizar 2,5 millones para hacer frente a la pandemia sin el apoyo económico de ninguna Administración», dice.
La propuesta tampoco satisface a Podemos ni a EUPV. Óscar Navarro, alcalde de esta última formación en Polinyà del Xúquer, ve discriminatorio que los municipios sin remanentes no puedan acogerse al plan. «Nos dicen dónde nos tenemos que gastar nuestro dinero y se cargan los principios básicos de la autonomía municipal. Nos tratan como a sucursales de otras administraciones», indica.
En el PSPV, en cambio, defienden los avances de la norma. Carlos Bielsa, alcalde de Mislata, la considera «muy positiva» porque, a su juicio, supone la «suspensión de facto de la ley Montoro» y permite «liberar el superávit y suspender la regla del gasto dos años» de forma que los ayuntamientos puedan gastar sus ahorros y obtener una aportación a fondo perdido del Gobierno.
Aún así, Bielsa matiza que «no es suficiente» y cree que se tienen seguir dando pasos para mejorar la financiación y la autonomía local. En la misma línea, Jesús Ros, alcalde de Torrent, ve varias cláusulas beneficiosas para la ciudad, aunque está revisando si a su consistorio le conviene sumarse «Si no desbloqueamos el superávit así, se tiene que ir a amortizar deuda». Otros munícipes del PSPV son críticos con el texto. Guillem Alsina, alcalde de Vinaròs, cuestiona que el Estado marque las partidas donde ha de invertirse el superávit. «Es una oportunidad perdida para recuperar la autonomía local», zanja.
