La vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, dejó ayer un recado claro y directo en la mesa del conseller de Hacienda, Vicent Soler, antes de irse de vacaciones: se necesitan fondos de la caja autonómica para reforzar el personal de los servicios sociales de atención primaria en los municipios si se quieren superar las duplicidades y el bloqueo de expedientes derivado de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Oltra hizo pública la petición a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde también compareció Soler para desgranar el resultado de la Cuenta General de 2019 de la Generalitat.
La consellera de Políticas Inclusivas también se dirigió al Gobierno para insistir en una demanda ya reiterada con anterioridad: la creación de una ventanilla única de entrada que aglutine las peticiones del IMV y de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). Precisamente para poner en funcionamiento esta iniciativa, Oltra pide más efectivos en los ayuntamientos, Administraciones que están sufriendo la sobrecarga de trabajo y la disfuncionalidades en la coordinación de las solicitudes del ingreso mínimo con un déficit estructural en sus plantillas.
Aunque la competencia de la tramitación de esta última prestación recae en el Gobierno central, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la vicepresidenta tiró de hemeroteca. «Yo ya dije lo que tenía que decir. A lo escrito me remito», respondió tras ser inquirida por las duplicidades en el cobro con la renta valenciana de inclusión -que señaló como previsibles- y el retraso en la resolución de los expedientes.
Oltra incidió en que la Comunitat Valenciana fue de las primeras autonomías en sacar un decreto-ley de adaptación de la prestación valenciana al nuevo marco de ámbito estatal establecido por el IMV, si bien se sigue trabajando en su desarrollo.
Bloqueo de expedientes
En las últimas semanas, los sindicatos han advertido del atasco de decenas de miles de expedientes de solicitudes del IMV en la Comunitat Valenciana como consecuencia de la falta de personal en las oficinas de la Seguridad Social, pero también por los múltiples requisitos exigidos, así como por los cambios de criterio y los problemas con la cita previa virtual. Tanto las centrales sindicales como el Consell han admitido duplicidades en el pago de prestaciones, una circunstancia que, teniendo en cuenta que el IMV es incompatible con la renta valenciana de inclusión, conlleva la posterior devolución del dinero de esta última prestación.
Según CSIF, el escaso incentivo económico y los continuos obstáculos han provocado la renuncia de trabajadores a seguir tramitando la prestación estatal. Oltra ya avisó de que «las duplicidades no van a poder evitarse, al menos durante los primeros meses», tras conocerse la leyd el Gobierno que motivó un pulso con su conselleria.
El refuerzo de personal es una demanda de los alcaldes desde que se puso en marcha el IMV, ante el aluvión de trámites requeridos para su gestión. La Seguridad Social ha pedido ayuda en varias ocasiones a las entidades locales para agilizar las resoluciones, primero invitando a los peticionarios a efectuar la tramitación online y, más recientemente, reclamando a los consistorios que le den acceso a la base de datos de los empadronamientos históricos para evitar a los solicitantes tener que desplazarse hasta las corporaciones a por el certificado de empadronamiento, uno de los requisitos exigidos que estaba colapsando a los ayuntamientos.
Entre las más de 300 medidas plasmadas en el pacto de reconstrucción firmado el lunes por la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos, figura la voluntad de «implantar la atención primaria y específica de servicios sociales, reforzando los equipos de profesionales de atención directa para agilizar la resolución de los expedientes de dependencia y de reconocimiento de la discapacidad, de la RVI y el IMV, reduciendo así las listas de espera».
Otro de los puntos urge a complementar el Ingreso Mínimo Vital con la Renta Valenciana de Inclusión Social, de modo que las corporaciones locales ayuden a la ciudadanía en el trámite de su solicitud con los medios necesarios y trabajen en coordinación con la Administración central y autonómica.
El documento incorpora la reivindicación del Consell de que el IMV «debería gestionarse desde la propia comunidad autónoma». La hoja de ruta también contempla «establecer mejoras en todos los servicios de proximidad» con más efectivos en la atención primaria de los servicios sociales.
