«Tras las últimas noticias respecto a la covid-19 y, como prevención, se decide suspender las visitas de familiares los próximos días». Este mensaje, comunicado recientemente por la residencia La Milagrosa de Moixent, ha sido reproducido por un buena parte de centros de mayores valencianos ante el incremento sostenido y generalizado de nuevos casos de coronavirus. A la espera del nuevo protocolo anunciado hace tres semanas por la administración autonómica para endurecer las medidas de control en los geriátricos, muchos complejos han decidido adelantarse, curarse en salud reforzando las restricciones y suspendiendo las visitas a los familiares. En la residencia de Moncada, donde han saltado las alarmas por la detección de una veintena de casos en las últimas horas, esta prohibición ya estaba vigente antes de salir a la luz el brote. Aunque no ha impedido los positivos.

«Necesitamos un marco seguro para poder tomar decisiones». El presidente de la patronal valenciana de geriátricos, José María Toro, admite que existe preocupación en el sector por la tardanza del nuevo reglamento diseñado por las conselleries de Políticas Inclusivas y Sanidad. «Llevamos tres semanas parados esperando a que nos digan qué hacemos con las visitas. La normativa es la misma que hace 70 días: no tiene ningún sentido», apunta Toro, que pide que la regulación sea flexible y dote a los centros de «capacidad suficiente» para actuar en función de las circunstancias. «Vamos muy retrasados, necesitamos que la Administración sea más ágil y aclare cómo hemos de funcionar en esta nueva situación», remacha.

El viernes, la consellera Mónica Oltra atribuyó el retraso de la nueva regulación -las dos anteriores semanas ya se había anunciado su lanzamiento inminente- a la aparición de nuevas circunstancias que han obligado a readaptarla. El texto debería presentarse esta semana porque -recalcó Oltra- ya estaba listo, a falta prácticamente de «maquetarlo».

Desde Aerte advierten de que la ausencia de unos criterios claros deja a las residencias que deciden por su cuenta restringir las visitas al albur de las inspecciones. Y trazan un paralelismo con lo ocurrido en los inicios de la pandemia, cuando, ante la «falta de previsión», hubo residencias que cerraron antes de la orden oficial de confinamiento y se enfrentaron a los reproches de la Administración. La patronal defiende que el actual procedimiento de visitas es muy estricto y seguro y no es partidaria de suspenderlas. De hecho, llaman a potenciarlas para evitar «romper el vínculo». Sin embargo, Aerte sí pone el foco en la necesidad urgente de regular las salidas de los residentes, que pueden comportar «un riesgo elevado». La tesis es compartida por Oltra, que ya avanzó que el protocolo hará hincapié en restringir las salidas. «potencialmente más amenazadoras» que las visitas.

El sector de los geriátricos insiste en demandar a la Administración pruebas periódicas cada 15 días en sus instalaciones para «ir por delante», facilitar la detección rápida de casos y evitar que el virus se extienda. Otro temor en las residencias ante el repunte de estos días es que no se haya reforzado lo suficiente la atención primaria. Y tampoco ven claro hasta qué punto, si hay un brote activo en una localidad, han de restringirse o no las visitas y las salidas. Sanidad anunció que esa decisión se tomaría de manera individualizada y mediante una resolución específica tras analizar caso a caso y atendiendo a la incidencia del virus en los municipios. La residencia El Mas de Torrent, sin embargo, apelaba el viernes a la existencia de un brote en esta localidad para comunicar a los familiares la prórroga de la prohibición de las visitas a los usuarios, que inicialmente se iba a levantar el 12 de agosto. «Las circunstancias han cambiado», informaba el geriátricos, apelando a las directrices de Salud Pública.

En Aerte tampoco gusta el decreto de sanciones aprobado el viernes por el Consell para castigar a las residencias que infrinjan la normativa. Toro no lo ve justificado porque, a su juicio, «no ha habido infracciones muy graves y reiteradas» en los geriátricos, como ocurría con el uso de las mascarillas. En la patronal piden «no culpabilizar» a los centros de mayores y cuestionan la decisión de cambiar a dos pilares del equipo de la conselleria de Políticas Inclusivas a las puertas de agosto: advierten de que ello puede agravar el déficit de interlocución que aseguran que existe con este departamento.

De momento, Oltra no tiene intención de que las residencias entren en la nueva normalidad hasta que pase la pandemia. La consellera avanzó que algunos geriátricos podrían retroceder de la actual fase 3 a la 2, con medidas restrictivas en función el riesgo existente. A día de ayer, en la Comunitat Valenciana había 18 centros de mayores con casos activos de coronavirus.