El PP ha pasado de reclamar al Gobierno que retome el mando único para centralizar las decisiones que se adoptan en las comunidades a pedir que se otorguen mayores competencias a las autonomías con el objetivo de que puedan restringir derechos fundamentales ante la expansión de la covid-19.
Esta es la propuesta por la que ayer abogó la jefa de los populares en la Comunitat Valenciana, el mismo día en el que el líder nacional del partido, Pablo Casado, consumó su giro hacia un perfil más moderado con la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria.
Isabel Bonig defendió una modificación de la legislación básica estatal para que las comunidades dispongan de «instrumentos legales» en virtud de los cuales adoptar medidas de prevención del coronavirus con un mayor grado de autonomía en ámbitos considerados de potestad estatal. Un planteamiento contrapuesto al habitual centralismo de la formación que entronca con la estrategia adoptada por Casado dentro de su plan alternativo a un nuevo estado de alarma.
La explosión de rebrotes en diferentes partes de España ha hecho que los gobiernos autonómicos traten de contener el ritmo de transmisión de la enfermedad limitando las reuniones y la movilidad o reduciendo el horario de apertura de locales.
Más poder autonómico
Sin embargo, la falta de competencias en algunos casos ha desembocado en pronunciamientos judiciales que revocan dichas medidas en diversos territorios. En ese contexto, Bonig se mostró partidaria de que las comunidades puedan asumir más poder para imponer restricciones de derechos fundamentales.
Al paso de las manifestaciones de la presidenta del PPCV salió ayer el síndic del PSPV en las Corts. Manuel Mata defendió que los socialistas no están por la labor de restringir derechos fundamentales, sino por «utilizar todas las armas del Estado para controlar la pandemia con los requisitos legales a nuestro alcance». Mata acusó a Bonig de «superarse a sí misma» desde el inicio de la crisis de la covid-19 y aseguró que, si fuese necesario, el Gobierno de España «no dudará en tomar mayores medidas para frenar la pandemia».
La lideresa de los populares cuestionó que las decisiones acordadas por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del viernes no entren en vigor en la C. Valenciana hasta hoy, cuando en algunas autonomías ya se aplican desde ayer, a tiempo que vio en las nuevas normas «una enmienda a la totalidad de la gestión de Puig».
«Hace solo una semana la Conselleria de Sanidad decía que no hacía falta hacer PCR a los nuevos ingresos de las residencias y al personal que regresaba de las vacaciones, y una semana después han tenido que rectificar», dijo.
Bonig remarcó que «ir por delante del virus es fundamental» pero aseguró que la agenda del Consell «está vacía». «Tenemos un problema de gestión y la imagen que transmiten es de una inseguridad brutal», ahondó. «El problema no es que el sistema sanitario esté preparado o no, sino la gestión y la planificación», sentenció.
Por su parte, Mata trasladó a Bonig que «todas y cada una de las medidas del Consell están coordinadas con el Gobierno» y censuró que al Partido Popular «le cueste mucho asumir» que la decisión del Consejo Interterritorial del viernes «ha sido adoptada por unanimidad por todas las comunidades, incluidas aquellas gobernadas por su propio partido»».
El síndic socialista defendió la «buena noticia» de que «todas las comunidades autónomas tiene en marcha sus planes de contingencia ante la nueva situación», reiteró que el sistema sanitario valenciano está preparado para afrontar la situación y recalcó que el Consell ha contratado «más rastreadores que nadie».
