El Consell busca la fórmula legal por si es necesario un confinamiento parcial

Admite la gran inseguridad jurídica ante la toma de decisiones que afecten a la restricción de libertades de la ciudadanía por los rebrotes - La Generalitat afirma que no tiene prevista ninguna medida de este tipo pero ve necesario cobertura legal

Carlos Alós | @carlosalos1

21·08·20 | 23:37

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Responsables del Consell, la Delegación de Gobierno y los cuerpos de seguridad ayer en el Palau. levante-emv

El Gobierno valenciano insiste en que no tiene previsto aplicar ningún tipo de confinamiento en la Comunitat Valenciana. Ni total, ni parcial. Sin embargo, ante el aumento del número de contagios por coronavirus que se registran en la autonomía, el Consell sí ha empezado a pensar en la fórmula legal bajo la que se ampararían posibles nuevas cuarentenas.

El estado de alarma, que permitió el confinamiento total del país en marzo, es una competencia exclusiva del Gobierno de España, por lo que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, admitió ayer en una comparecencia en el Palau de la Generalitat tras reunirse con responsables del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), que es necesaria una reflexión sobre la normativa que haría posible un confinamiento de tipo selectivo o parcial en el caso de que fuera necesario.

El presidente considera crucial dotarse de un marco estable para dar cobertura a confinamientos parciales si se diera esa necesidad, aunque insistió en que en estos momentos la Generalitat no los contempla. El Consell cree que con las medidas aplicadas desde el pasado martes en ámbitos como el ocio, la restauración, la hostelería o los eventos sería suficiente para frenar la nueva propagación del virus. Pero articular una normativa de carácter jurídico que permita en el ámbito autonómico medidas que antes solo podían plantearse a partir del estado de alarma sí es una cuestión que el Consell considera necesario resolver.

Inseguridad jurídica

Fuentes del Consell añaden que existe gran inseguridad jurídica por parte de las autonomías en el caso de que fuera necesario tomar decisiones de restricción de libertades de la ciudadanía, por lo que esperan que desde el Gobierno o el Legislativo se puedan aclarar estas cuestiones para tener garantías jurídicas suficientes.

En los últimos tiempos se han aplicado confinamientos perimetrales en determinados puntos del país, poblaciones concretas o comarcas e incluso de tipo domiciliario en edificios, pero siempre bajo autorización judicial.

Según las indicaciones del Ministerio de Sanidad son las autonomías las que tienen que actuar en este momento para atajar los brotes y en su caso acordar medidas restrictivas de la movilidad, pero no pueden ser tan drásticas como las que permite el estado de alarma. Las restricciones decididas esta misma semana para ámbitos como el ocio nocturno las anunció el Ministerio de Sanidad, pero lo hizo en consenso con los gobiernos autonómicos y en el marco del consejo interterritorial.

Pero si las restricciones limitaran derechos fundamentales deberán ser autorizadas por un juez. Con todo, el presidente de la Generalitat insistió ayer en que no estamos en esta situación y que la Comunitat Valenciana está lejos de los 2.500 hospitalizados de los peores meses de la pandemia y que las cifras en contagios por cien mil habitantes están muy por debajo de la media española.

Nivel de emergencia 2

Puig participó ayer en la reunión del Cecopi que mantuvo el nivel de emergencia 2, el mismo que se implantó cuando acabó el estado de alarma. El jefe del Consell recordó que la reactivación económica está «absolutamente ligada» al freno de la pandemia y solicitó la mayor concienciación de empresas y ciudadanía. Por eso llamó a la corresponsabilidad de la ciudadanía para hacer frente a los nuevos brotes, aunque dijo que si es necesario habrá respuesta disciplinaria ante las infracciones, «pero queremos que este convencimiento general impregne a toda la sociedad».