El Ejecutivo que preside Ximo Puig quiere aprovechar las nuevas restricciones para frenar la expansión del coronavirus para intensificar el cierre de aquellos locales donde se ejerce la prostitución, si bien es consciente que para actuar necesita un margen legal que solo puede darle el Gobierno central. Y de ahí que ayer el propio Puig pidiera una reforma legal que avance en el abolicionismo de la prostitución.
Los contagios detectados en clubes de alterne de toda España y también en la Comunitat Valenciana ha puesto el foco en estos locales que, en realidad, la legislación prohíbe, pero que se camuflan al darse de alta con licencias de establecimientos de ocio nocturno o hostelería.
En teoría, la nueva normativa anticovid obliga al cierre de todos los locales de copas y ocio nocturnos, pero esta medida no afecta de igual manera a otros tipo de establecimientos dados de alta como bares, hoteles o residencias de estudiantes, que, en realidad, son prostíbulos donde se explota a las mujeres.
Falta de regulación
Y es aquí donde también el Consell quiere actuar con mayor intensidad aprovechando la alerta sanitaria. Sin embargo, la forma de hacerlo no es sencilla dado la permisividad que en España existe sobre la prostitución, una actividad sobre la que existe un vacío legal y que solo el Gobierno central tiene competencias para regular o prohibir.
En la actualidad, la explotación sexual de mujeres y el proxenetismo goza de impunidad gracias a la reforma del Código Penal de 1995 que despenalizó la tercería locativa; es decir, la figura penal que consideraba los espacios habilitados para el ejercicio de la prostitución como una modalidad de proxenetismo. De ahí que en el Consell, sobre todo en la pata socialista, con una postura declarada abolicionista, no dejara de chocar la carta que la ministra de Igualdad, la podemista Irene Montero, ha enviado a las comunidades instándoles al cierre de los prostíbulos para frenar el virus.
Desde Presidencia se argumenta con o sin covid, estos clubes donde se explota sexualmente a las mujeres deben echar el cierre mientras se implementan medidas para atender y apoyar a las mujeres. De hecho, ya antes de la pandemia, Puig encargó a su equipo el diseño de un plan para poder actuar dentro del estrecho margen de competencias autonómicas. En la misma línea, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, planteó un control más estricto de los clubes de alterne.
Pese a las limitaciones competenciales, fuentes del Palau de la Generalitat confirmaron que la idea es aprovechar la nueva normativa por la alerta sanitaria para intensificar el cierre de estos locales. Una de las vías es propiciar denuncias de entidades de mujeres donde se señale vulneraciones de la normativa sanitaria o situaciones de trata para que dar pie a inspecciones policiales.
También propiciar el cierre identificando aquellos locales con licencias de actividad que no se adecuan a la realidad. Desde la Dirección General de la Mujer se apuntó que se lleva tiempo trabajando en las calles o en los pisos, pero admiten que la solución es compleja si el Gobierno central no ayuda. Además de reformas legales, desde el área que dirige María Such se apunta que las fuerzas de seguridad tienen identificados aquellos locales donde se ejerce la prostitución.
Mientras tanto otras comunidades, como Castilla-La Mancha y Cataluña, anunciaron ayer que decretaran el cierre de todos los prostíbulos abiertos en su territorio, si bien el gobierno castellano manchego no ha aclarado cómo. El Consell, no obstante, está en contacto con esta comunidad. Puig reiteró su postura personal abolicionista y evidenció lo paradójico de la situación: «En la Comunitat Valenciana no hay prostíbulos», en alusión a que estos locales están prohibidos.
