El Consell de la Generalitat ha dejado claro este fin de semana su determinación para cerrar prostíbulos y, más allá, lograr una ley abolicionista siempre que lo faciliten los cambios necesarios en el marco jurídico español.

Este fin de semana el dispositivo de seguridad para el control de las medidas contra la covid-19 ha puesto especial atención en los llamados locales de alterne. Según informan fuentes de la Generalitat, se han inspeccionado un total de 22 locales de este tipo que, obviamente, operaban con diversos tipos de licencia en todos los casos. Del total inspeccionados, 13 de ellos estaban cerrados en el momento de personarse la Policía.

De los 22 locales se ha propuesto sanción para 7 de ellos. En 5, las sanciones son por tener licencia diferente a la actividad ejercida y en dos por incumplimiento de medidas covid-19 (distancia, mascarilla...). Además, tres locales de los inspeccionados en València cerraron tras la inspección y se comprometieron a no abrir, algo ante lo que estará vigilante la Policía autonómica.

Los contagios detectados en clubes de alterne de toda España y también en la Comunitat Valenciana han puesto el foco en estos locales que, en realidad, la legislación prohíbe, pero que se camuflan al darse de alta con licencias de establecimientos de ocio nocturno o hostelería.

En teoría, la nueva normativa anticovid obliga al cierre de todos los locales de copas y ocio nocturnos, pero esta medida no afecta de igual manera a otro tipo de establecimientos dados de alta como bares, hoteles o residencias de estudiantes, que, en realidad, son prostíbulos donde se explota a las mujeres.

Presidencia de la Generalitat tiene intención desde hace tiempo de abordar esta situación y ahora sostiene que, con o sin pandemia, estos clubes donde se explota sexualmente a las mujeres deben echar el cierre mientras se implementan medidas para atender y apoyar a las mujeres. Hace unos meses Puig encargó a su equipo el diseño de un plan para poder actuar dentro del estrecho margen que tiene la autonomía. Existe un vacío legal y solo el Estado puede actuar.