El convenio de colaboración entre el Ministerio de Seguridad Social y la Generalitat para la cogestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) volverá a ser clave para que el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, respalde los próximos Presupuestos Generales del Estado. Esa cuestión ya estuvo encima de la mesa en la votación de la sexta prórroga del estado de alarma en el mes de junio.
Fue una de las condiciones que puso la coalición junto con la reclamación de un reparto de fondos que nivelara la inversión en las comunidades más empobrecidas. La negociación con Pedro Sánchez no se produjo y finalmente Compromís no apoyó la extensión de las medidas de excepcionalidad. A preguntas de este diario, Baldoví confirmó que volverá a plantear la cogestión de la renta vital, sobre todo ahora que «los hechos nos han dado la razón». El diputado hace alusión al colapso que se ha producido durante la tramitación de esta renta y al anuncio del ministro de que la Generalitat sería la primera en firmar el convenio para participar en la gestión. El ministro José Luis Escrivá aseguró que la firma sería antes de 2021.
Fue el PP, a través de la diputada popular Elena Bastida, quien ayer instó a Compromís a apretar al Gobierno de Sánchez y condicionar su apoyo a los próximos Presupuestos Generales del Estado a que este convenido se firme antes de 2021. Baldoví afeó a Bastidas sus palabras: «Cuando era diputada ella no puso ningún requisito a Rajoy para aprobar sus presupuestos infames para los valencianos», señaló.
Bastidas, por su parte, hizo ayer una balance muy negativo de la gestión de la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, con los más vulnerables: «Es la triple erre: retrasos, recortes y rebajas», indicó.
Tras recordar el fiasco de la tramitación del IMV por parte del Gobierno central, añadió la relativa a la renta valenciana: «Oltra que iba a suponer un mínimo de ingresos de entre 500 y 800 euros, pero la media es de 350 euros, un 60 % menos de lo prometido; retrasos de quince meses de media, un drama teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad», apunto.
Incluyó el «recorte de un 5,5 % a las familias vulnerables por el cálculo según el salario mínimo del año pasado y no de 2020, lo que puede suponer una media de recorte de 835 euros anuales».
