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Infracciones

Los clubes de alterne se enfrentan a multas de hasta 300.000 euros por la ley de espectáculos

La Generalitat pasa de sancionar a un prostíbulo antes de la pandemia a multar a siete en solo un fin de semana

Club de alterne de Orihuela clausurado la semana pasada por un brote de coronavirus.

Club de alterne de Orihuela clausurado la semana pasada por un brote de coronavirus. Áxel Álvarez

Los clubes de alterne con actividad en la Comunitat Valenciana se enfrentan a sanciones de hasta 300.000 euros por aplicación de la ley valenciana de espectáculos. Esta norma aprobada en 2010 va a acabar convirtiéndose en una de la principales armas del Consell para dificultar la actividad de los prostíbulos y cercar la explotación sexual de las mujeres.

Tal como informó este diario, la Generalitat tiene el propósito de cerrar estos locales en los que en el contexto actual de expansión de la pandemia el Gobierno central ha puesto el foco. El Ministerio de Igualdad ha solicitado a las comunidades autónomas que cierren los prostíbulos para frenar los contagios por coronavirus, pero la solución no es sencilla. La Generalitat ha tomado la palabra a Igualdad aunque su motivación va mucho más allá de la epidemia ya que la posición de Presidencia es que hay que avanzar en la abolición de la prostitución por una cuestión de derechos humanos al margen de cuestiones sanitarias.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguraba el pasado viernes que los prostíbulos están prohibidos y como tales no existen en la Comunitat Valenciana. Era su forma de evidenciar que por mucho empeño que ponga el Consell en acabar con la prostitución, el vacío legal y la falta de normativa abolicionista dificulta posibles acciones. Los clubes de alterne dispersos por toda España (unos 1.500 en todo el territorio nacional, según datos que maneja la Policía) operan con impunidad al camuflarse como locales de ocio o de hostelería; es decir, obtienen licencia de apertura por una actividad distinta a la real.

Infracción grave

Y es aquí donde la Generalitat sí puede actuar por la vía de la ley de espectáculos ya que funcionar sin licencia de actividad o con una distinta está considerado como una infracción grave. Dos apartados del artículo 51 (el primero y el tercero) de la citada ley son los que pueden dar pie a la Generalitat a sancionar aquellos burdeles cuya presunta actividad está regulada por la ley de espectáculos.

La ley establece como infracción grave «la celebración de espectáculos públicos, actividades recreativas o actividades socioculturales o la apertura de establecimientos públicos sin la correspondiente licencia o autorización», así como «la dedicación de los establecimientos e instalaciones a actividades distintas de las indicadas en la licencia, declaración responsable o documento certificado por el organismo de certificación administrativa». Las infracciones graves pueden llevar aparejadas multas de 601 a 30.000 euros y acumulativamente hasta 300.000, la suspensión o prohibición de la actividad por un período máximo de seis meses o la clausura también por un periodo máximo de seis meses.

La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas lleva ya tiempo dando vueltas a cómo hacer la vida difícil a los prostíbulos intensificando las inspecciones, aunque fuentes del departamento que dirige Gabriela Bravo admiten que no es fácil ya que desde el punto de vista administrativo los negocios son en apariencia «modélicos». Aún así, el fin de semana la policía autonómica ha inspeccionado 22 locales y sancionado a siete, cinco de ellos por no disponer de la licencia adecuada.

La cifra es importante si se compara con la poca actividad sancionadora de otros años. Así, a lo largo de 2020 y antes de la pandemia, la Generalitat solo abrió expediente a un club de alterne ubicado en la Pobla de Vallbona. El local contaba con una barra donde servía alcohol, pero carecía de licencia como establecimiento de ocio. Fue multado con 18.000 euros.

Durante las inspecciones de ese fin de semana, dos propuestas de sanción se han hecho bajo la normativa sanitaria anticovid. Esta vía (no respetar distancia social, no llevar mascarilla, etc) es, sin embargo, poco efectiva ya que la sanciones apenas alcanzan los cien euros.

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