La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido este martes suspender las comunicaciones íntimas (los vis a vis), familiares y de convivencia -las que no se realizan por locutorio- en las cárceles de Madrid, País Vasco, La Rioja y Navarra, así como en las prisiones de Mallorca y Zuera, en Zaragoza, y en la de València-Antoni Asunción, en Picassent.

La decisión, con una vigencia inicial de tres semanas, se toma tras el estudio, caso por caso, de la situación de los centros dependientes de la Administración General del Estado, a partir de los últimos datos epidemiológicos facilitados por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, subraya Prisiones en un comunicado.

Se mantienen, sin embargo, las comunicaciones por locutorio -con una mampara de separación- y se van a reforzar las videollamadas para paliar los efectos de esta restricción.

Durante las últimas semanas, la Secretaría General ha escuchado las propuestas enviadas desde los centros penitenciarios y ha emitido recomendaciones específicas para cada uno de ellos.

También ha recordado las medidas de la "nueva normalidad" que se dictaron en junio y julio: cuarentenas sanitarias de entre siete y diez días para los internos que ingresen de libertad o reingresen de permiso, uso obligatorio de mascarilla tras las comunicaciones especiales y distanciamiento social, entre otras.

La suspensión de las comunicaciones se enmarca en la orden ministerial de 12 de mayo en la que se establecía la posibilidad de revertir la vuelta a la normalidad en el ámbito de Instituciones Penitenciarias "si la situación epidemiológica así lo aconseja".

Durante el estado de alarma, la afectación de la covid-19 entre los reclusos fue cuatro veces inferior a la de la población en general, recuerdas Prisiones.

Durante los tres meses de confinamiento se registraron 85 positivos de internos e internas.

Mientras, en los algo más de dos meses transcurridos desde el fin del estado de alarma, el acumulado de positivos entre la población reclusa es de 31, la mayoría asintomáticos y detectados, en la práctica totalidad, tras el regreso de permisos o el ingreso de libertad. Entre los funcionarios, el acumulado de positivos desde el 21 de junio es de 36.

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