La Comunitat Valenciana es la autonomía que menos ayuda recibe del Estado para cubrir el sistema de atención a la dependencia. Uno de los últimos informes del Tribunal de Cuentas confirma que el Imserso solo aporta el 11,98 % del gasto total, una cifra prácticamente congelada desde hace años, cuando la ley indica que el coste de los cuidados a las personas dependientes se deben cubrir a partes iguales entre el Estado y las comunidades autónomas.

Ese escaso 12 %, que equivale a 85 millones de euros respecto a un total de 771 millones que cuesta un servicio que ya atiende a cerca de 98.000 ciudadanos de Alicante, Valencia y Castelló, es el porcentaje más bajo de inversión del Gobierno de España entre el conjunto de las 17 autonomías.

Si la Comunitat Valenciana ya era la última en cuanto a financiación, junto a la Región de Murcia, ahora ocupa la cola en el gasto que el Estado asume de la dependencia. Estos dos asuntos, financiación y dependencia -junto a las inversiones en infraestructuras- son los dos pilares de las demandas que el Consell mantiene con el Gobierno central.

Empezar a elaborar un nuevo modelo de financiación autonómica dentro de 2020 y que en tres años se llegue a sufragar a partes iguales el gasto en dependencia figuran incuso en el pacto de investidura de Pedro Sánchez firmado por Compromís. Peticiones que la pandemia no puede dejar aparcada ya que implican perder recursos para atajar la crisis social. Por mucho que el Gobierno haya pasado en cinco años (de 2013 a 2018) de invertir de 60 millones a 85, el desembolso no alcanza el 6 % de todo lo invertido en España.

El informe del Tribunal de Cuentas especifica que, en el año 2018, el gasto total en dependencia en la Comunitat Valenciana se elevó a 711.402.545 euros, de los cuales 85.214.306 fueron financiados por la Administración General del Estado. De los 7.600 millones que costó sostener la dependencia en toda España, el Estado destinó ese año 1.327 millones, lo que supone una media, sobre el gasto global del 17,45 %.

Ante estos porcentajes, la Comunitat Valenciana recibe una cantidad del Gobierno que está muy por debajo de la media estatal y a mucha diferencia de Castilla y León (con el 23,65 %), Galicia (25,20 %) y Baleares (29,36 %). En cuanto al gasto total destinado a la dependencia, la Comunitat ocupa el cuarto puesto (con un 9,36 %) y se sitúa por detrás de Cataluña (16,87), Andalucía (16,58) y Madrid 14,92. Sin embargo, en Cataluña el Estado subvenciona el 14.71 del coste, en Andalucía el 19,54 % y en Madrid el 17,47 %.

Descontrol de listados

El Tribunal de Cuentas también se ha hecho eco de las constantes denuncias de la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales respecto al descontrol a la hora de filtrar los listados de la Conselleria de Políticas Inclusivas y del Imserso.

Tal como mantiene el Observatorio de la Dependencia, el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) presenta deficiencias relativas a la veracidad de los datos oficiales. De un total de 76.072 beneficiarios no localizados en las bases de datos de las comunidades autónomas, 1.623 son de la Comunitat Valenciana, por lo que el Imserso abonó a la Generalitat, de manera indebida, 190.614 euros en diciembre de 2018. Por otra parte, la conselleria no recibió 168.110 euros para atender a 1.916 beneficiarios que no tiene reconocidos el Ministerio de Derechos Sociales.