No hay cola. Ninguna comunidad autónoma se ha tirado en plancha para reclamar para sus territorios un estado de alarma total o parcial. Era casi lo esperado. Un gesto más discursivo que real en el Gobierno -porque sigue descargando la responsabilidad de la gestión del coronavirus en las autonomías- que fue rechazado de plano por las del PP y acogido con indiferencia, cuando no recelo, entre las del PSOE, mientras que el Govern mostró su división interna.
Los populares ya habían avanzado su negativa al poco de que Pedro Sánchez invitara a las comunidades a pedir la alarma si lo consideran necesario para frenar los rebrotes, porque en ese caso contarán con el aval de la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo. Pablo Casado acusó al presidente de «escabullirse» en las autonomías para no actuar.
A partir de ese guion, sobrevino la cascada de rechazos. «No podemos tener un Gobierno que renuncie a liderar la respuesta jurídica, legal, para gestionar la pandemia», señaló el barón gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien anticipó que enviará al Ejecutivo una propuesta para cambiar las leyes vigentes y se evite la alarma. A ese plan Sánchez ya replicó el martes: no faltan más reformas legales, porque el ordenamiento basta y porque toda privación de libertades debe ser refrendada por el Parlamento o por un juez.
Madrid, la región donde crecen sin parar los contagios (1.513 en las últimas 24 horas) y que sufre ya la mayor presión asistencial de toda España, tampoco prevé recurrir a la alarma, el camino que señaló el juez que tumbó la orden de prohibir fumar en la calle y que cerraba el ocio nocturno. Pero la puerta no está del todo cerrada. La salida que plantea el Ejecutivo autonómico es la de confinamientos puntuales y la restricción de la «movilidad insegura», en palabras del vicepresidente Ignacio Aguado, de Cs.
Y más chaparrón de críticas del PP: la oferta es una «irresponsabilidad» para la Junta de Andalucía, y un «echarse a un lado» de Sánchez, para el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que demanda una herramienta «eficaz».
Del rechazo del PP a la postura difusa del Govern. Quim Torra afirma que está estudiando la letra pequeña de la propuesta. Es decir, no se cierra a aplicarla. En cambio, ERC está en contra de hacerlo. Ya lo expresó el martes la 'consellera' de Salut, Alba Vergés, y ayer lo ratificó el vicepresidente de la Generalitat y dirigente de ERC, Pere Aragonès: «En la situación actual, con las medidas que tenemos que tomar, disponemos de los instrumentos legales para poderlas aplicar». Los servicios jurídicos del Govern analizan los pros y contras de esta posibilidad, pero fuentes del Ejecutivo catalán apuntan que hasta ahora la Generalitat ha podido decretar cierres perimetrales, confinamientos o restricciones de aforo sin usar la alarma. Este recurso, añaden, permitirá tomar decisiones sin autorización judicial, pero los servicios jurídicos creen que Catalunya no está en esta fase ahora. Sin embargo, en el entorno de Torra recuerdan los precedentes de decisiones del Govern anuladas por determinados jueces, informa Fidel Masreal.
El «no» de Lambán
Entre las comunidades socialistas, la oposición frontal la protagonizó el aragonés Javier Lambán: la alarma es la «solución fácil», pero luego el virus «rebrota y, mientras, se ha asfixiado la economía y el empleo». Otro barón lejano a Ferraz, el castellanomanchego Emiliano García-Page, apuntó que tampoco baraja la alarma: no le ve sentido tirar de esa herramienta sin limitar la «movilidad entre regiones». En su caso, le afecta el trasiego de ciudadanos con Madrid.
Tampoco pedirán la alarma, por ahora, Francina Armengol (Baleares), Ximo Puig (Valencia) o Guillermo Fernández Vara (Extremadura), aunque su actitud es más comprensiva hacia el Gobierno. Puig valoró la oferta de Sánchez y dijo no entender las críticas hacia el Ejecutivo y Vara acusó al PP de «crear problemas». La Rioja sí manifestó estar estudiando ya pedir la alarma.
«Si es necesario, lo acabarán pidiendo», auguran en la Moncloa, donde no se cierra la puerta a asumir el control si las comunidades arrastran los pies y el virus se desboca. Sería, analizan, una jugada ganadora para Sánchez: actuar cuando las autonomías se niegan. Un win win. En el equipo de Sánchez recuerdan que «son otros [el PP] quienes han estigmatizado la alarma» y han hecho un «uso político» de ella.
