El dispositivo policial puesto en marcha por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para estrechar el cerco a los prostíbulos en tiempos de pandemia ha logrado una cifra récord: en cinco días ha inspeccionado un tercio de todos los locales de la Comunitat Valenciana donde se sospecha que se ejerce la prostitución aunque operan camuflados con licencias de actividad legales como bares y hostales.
El objetivo es, según confirmó ayer la titular de este departamento, Gabriela Bravo, alcanzar en unos días el cien por cien de los establecimientos que la Policía tiene identificados como clubes de alterne. Una lista de 143 locales sobre los que la Generalitat ha puesto el foco por ser lugares muy proclives a la propagación del virus, pero también porque, en palabras de la consellera, son locales donde se «explota sexualmente a las mujeres».
Los datos facilitados por la consellera en una comparecencia de prensa evidencian cómo los burdeles se han situado en el punto de mira de la Generalitat y cómo la Policía Autonómica, alentada por el Ejecutivo, ha intensificado sus visitas. Si en un año, y antes del estado de alarma declarado en marzo, solo se sancionó un local, en cinco días se ha entrado en 37 establecimientos: 18 están ubicados en la provincia de Valencia, 13 en la de Alicante y 6 en la de Castelló.
Cuatro locales no abrirán
En estas 37 inspecciones se ha propuesto sanción para una decena. En seis de ellos por tener licencia diferente a la actividad ejercida y en los otros cuatro por incumplimiento de medidas sanitarias contra la covid-19. Además, cuatro locales de Valencia cerraron tras la inspección y sus responsables aseguraron que no volverían a abrir.
Pese al dispositivo especial desplegado e integrado por la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica, en colaboración con la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, la Generalitat admite que lucha con las manos atadas. La actividad que ejercen estos locales es alegal ya que el Código Penal solo criminaliza el proxenetismo (forzado) y la trata, pero no el ejercicio de la prostitución a pesar de que en un 90 % está vinculado a la trata y afecta a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad.
La consellera explicó que su operativo contra la prostitución se apoya por un lado en la ley de espectáculos y por otro en las restricciones derivadas de la covid-19. Por la primera vía, el Consell solo puede tratar de pillar en falta a aquellos locales que se dan da alta por una actividad que en realidad no existe o si su licencia no cumple completamente toda la actividad.
En estos casos, tal como recoge la normativa se puede aplicar el régimen sancionador de la ley de espectáculos e imponer multas que podrían alcanzar los 300.000 euros o sanciones de cierre. Por la vía de la normativa covid-19, se puede sancionar si el local no cumple las restricciones horarias o de distancia social, uso de mascarilla, etc. De ahí que Bravo abrió el foco y apuntó que la Generalitat está actuando en el estricto marco de sus competencias para afrontar un problema como el de la prostitución para el que hace falta un cambio legislativo profundo.
La consellera instó al Gobierno de Sánchez a abordar los cambios legislativos necesarios con una ley integral contra la trata para acabar con la prostitución: «No podemos consentir esa nueva forma de esclavitud», denunció. La conselleria indicó que la prostitución que se ejerce en estos locales apenas representan el 20 % de todo este negocio y consideró que «la única solución es la abolición de la prostitución porque no es sino otra forma más de violencia y maltrato hacia las mujeres». Bravo insistió en que el Gobierno de España debe decidir por qué modelo apuesta: la regulacion o la abolición.
Cabe recordar que el Consell, y más en concreto el presidente de la Generalitat o miembros de su Gobierno como la consellera Bravo, se declara abiertamente abolicionista y explora varias vías para abordar el problema. La pandemia ha dado pie a impulsar este debate y posicionarse.
