La expansión de la epidemia en la Comunitat Valenciana, con días consecutivos de cifras récord de contagios, está obligando al Consell a estudiar medidas más drásticas para frenar la covid-19 y prácticamente a tomar decisiones al minuto. De ahí, que en estos momentos, ningún escenario es descartable. Por lo pronto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, admitió ayer, horas antes de que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, prorrogara otros catorce días la limitación de las reuniones a un máximo diez personas y la suspensión de las salidas y visitas en las residencias en la ciudad de València, que el Consell está estudiando la posibilidad de ampliar a toda la Comunitat la prohibición de encuentros de más de diez personas, una medida que ya se ha adoptado en Cataluña y en Murcia, territorio vecino donde la limitación es de seis personas.

El jefe del Consell indicó que «evidentemente» esta medida está encima de la mesa al ser preguntado en rueda de prensa sobre si el Consell está dispuesto a limitar los encuentros sociales y familiares. «Vamos a tomar las decisiones de acuerdo con la evolución de la pandemia y en función de ello se tomará más medidas», señaló tras una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) para analizar la aplicación de las medidas ante los rebrotes de la covid-19, a la que asistió también la delegada del Gobierno, Gloria Calero. La Generalitat está optando por la prudencia y esperará a evaluar las nuevas medidas adoptadas hace tan solo una semana y que incluía como recomendación, aunque no de forma obligada, que las reuniones sociales no superan las diez personas.

La prueba de que cualquier planteamiento puede verse superado por la realidad casi en cuestión de horas es el referente a los militares rastreadores. El jefe del Consell anunció ayer que ha solicitado 150 de los 2.000 militares que el Gobierno central ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para ejercer labores de rastreo, en el marco de la lucha por doblegar la curva de contagios de coronavirus.

A partir de la semana próxima

Los militares, que se esperan para el mes de septiembre, estarán destinados en un primer momento al área metropolitana de València por ser donde se registra el mayor número de casos y actuarán también como «grupos especializados de acción directa en aquellas zonas geográficas donde se produzcan brotes importantes», explicó Puig.

El anuncio del jefe del Consell se producía horas después de que él mismo hubiera descartado, al menos de momento, acudir al Ejército. En la comparecencia de prensa del miércoles, Puig y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, mostraron confianza en la capacidad de rastreo de la Generalitat (más de mil efectivos) y que solo como último recurso se acudiría a los militares. Es más, Barceló indico el día anterior que en el caso de ser necesario se estudiaría incorporar nuevo personal para rastrear.

Los datos de contagio del miércoles (829 registrados) tras un martes también negro (772 casos) han sido determinantes para el cambio de criterio. Puig aludió también a una reunión por la tarde con personal experto que aconsejaba recibir la ayuda del Gobierno. «Puede canalizarse dentro del sistema y situarse desde el rigor dentro del espacio de trabajo que se está realizando en los servicios de salud pública y atención primaria, que están haciendo un trabajo enorme», apostilló.

Puig consideró positivo poder contar con la especialización de los grupos militares para actuar en zonas donde se puedan producir brotes con una dimensión de alcance. Con todo, insistió en otras cuestiones de protección como la utilización de la mascarilla, el respeto de la distancia social y, sobre todo, la ventilación de los espacios.

La delegada del Gobierno, Gloria Calero, mantuvo que en estos momentos estamos en manos de la «responsabilidad individual» ya que, dijo, por muchas normas que se aprueben desde el Gobierno o desde el Consell no habrá freno a la epidemia si las personas sortean las normas: «Si se cierra el ocio nocturno y la gente se traslada a una plaza, no sirve de nada». Por otro lado, el presidente Puig no compartió la urgencia de la reforma legislativa propuesta por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ha pedido modificar la Ley General de Salud Pública y evitar que la gestión de la pandemia vuelva a ejecutarse a través de la figura del estado de alarma.

El jefe del Consell considera que hay que hacer leyes pero «no de impacto inmediato» porque «cuando se legisla en caliente, muchas veces no se toman decisiones adecuadas». Puig afirmó que en estos momentos existe «un instrumento para actuar de carácter inmediato y potente», y a partir de ahí, le parece bien que se quiera crear un espacio de discusión para reformar la ley, pero siempre que se haga «en un ámbito de acuerdo y voluntad de concertar, no desde la confrontación». Más dura se mostró Calero para quien la propuesta de Feijóo no es más que «una ocurrencia y en los momentos críticos no se puede gobernar a golpe de ocurrencia». La delegada de Gobierno instó a los presidentes autonómicos a «asumir sus responsabilidades».