La patronal de residencias Aerte ha tachado de «innecesario, injusto y criminalizador» el nuevo régimen de sanciones de la Conselleria de Igualdad que ha entrado en vigor esta semana. El presidente del colectivo, José María Toro, asegura que la C. Valenciana es la única que lo ha implantado, a pesar de que la nueva Ley de Servicios Sociales ya contempla sanciones y de que «no ha habido incumplimientos reiterados ni graves», sostiene. Toro advierte de que la amenaza de multas puede reducir las visitas y pide más apoyo.
