En mayo, los centros de atención a personas con diversidad funcional y problemas de salud mental se encaminaban hacia la nueva normalidad con un plan de transición autonómico que apenas contemplaba una decena de medidas extraordinarias frente a la covid-19 en las residencias y viviendas tuteladas sin casos constatados. Desde ayer, un nuevo protocolo actualizado por la Conselleria de Igualdad eleva a medio centenar las normas que han de cumplir de manera obligatoria estos complejos, a tiempo que refuerza la seguridad en los servicios de atención diurna y en los centros de rehabilitación integral y atención temprana, ante la escalada de brotes que se vive desde julio.
En los últimos tres meses, las pautas marcadas para las residencias y pisos tutelados de usuarios con diversidad funcional habían sido más laxas que las aplicadas a las residencias de mayores, donde el impacto de la pandemia ha sido mayor. Sin embargo, el nuevo marco reglamentario prácticamente equipara el nivel de restricciones entre ambos tipos de centros, ajustándose a las nuevas directrices sanitarias tras el Consejo Interterritorial del 14 de agosto. En el caso de los geriátricos, el protocolo se actualizó hace dos semanas.
De esta manera, en las residencias para personas discapacitadas y con enfermedades mentales se incorpora la obligatoriedad de practicar pruebas PCR al personal que se incorpore al trabajo por primera vez o que regrese tras las vacaciones, así como a los nuevos ingresos o reingresos de residentes, a quienes se ha de aislar durante 14 días. En el anterior protocolo de mayo, las PCR únicamente se reservaban para las fases 1 y 2 y no para la 3, en la que los recursos libres de casos entraron en junio.
La toma de temperatura corporal también pasa a ser obligatoria para cualquier persona que acceda a estos centros, cuyas instalaciones deberán limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día. La normativa restringe la entrada de objetos, alimentos y enseres no imprescindibles en el marco de las visitas familiares a los usuarios, que se limitan a una persona y con una duración máxima de una hora, siempre respetando las medidas de prevención. En el protocolo anterior no se establecían limitaciones de visitas en la fase 3.
En cuanto a las salidas, las direcciones de las residencias y viviendas tuteladas de diversidad funcional y salud mental deberán seguir las mismas indicaciones que los geriátricos y diseñar un protocolo de actuación para limitar y regular las expediciones al exterior, atendiendo a las circunstancias personales de cada residente y a la evolución de la pandemia, extremando en todo caso los controles.
Hasta ahora, solo se exigía a los centros una planificación de las salidas de fin de semana al hogar familiar. Desde ayer, solo se permiten salidas sin pernoctación y con acompañamiento profesional o familiar. Los únicos usuarios exentos de cumplir esta norma serán aquellos que, por su grado de autonomía, disponen de una actividad laboral o formativa, o bien tienen relaciones sociales autónomas o están en un programa de vida independiente, de modo que podrán mantener sus rutinas ordinarias.
Salida terapéuticas
La regulación autoriza a los residentes a marcharse de vacaciones con sus familiares, pero únicamente durante un periodo igual o superior a 7 días. A la vuelta deberán someterse a una PCR. También se permiten las «salidas terapéuticas» de usuarios sin sintomatología ni contacto de riesgo, «durante el tiempo imprescindible y respetando las medidas de seguridad e higiene establecidas». Tampoco habrá restricciones en las visitas cuando se consideren fundamentales para proporcionar un alivio de la «descompensación neurocognitiva» del residente. Y la posibilidad de seguir realizando actividades de ocio educativo y tiempo libre se mantiene con carácter general. El protocolo obliga a los centros a actualizar sus planes de contingencia frente al virus, haciendo hincapié en las características de cada usuario y su grado de autonomía, en la organización de talleres y de grupos de convivencia estable, así como en la previsión de bajas de personal y en las acciones a desplegar en caso de brote.
