Aunque valoró como satisfactoria la oferta del Gobierno para que las comunidades puedan acogerse a un estado de alarma individualizado, el president de la Generalitat, Ximo Puig, puso el foco ayer en la necesidad de acometer cambios profundos en la arquitectura jurídica para hacer frente a pandemias como la de la covid-19. El jefe del Consell abogó por un debate «serio y riguroso» sobre esta cuestión y recalcó que el estado de alarma solo puede ser una vía rápida para dar cobertura a la limitación de derechos en un escenario de urgencia. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, cargó ayer contra la decisión de Pedro Sánchez y volvió a reclamar reformas legales que den a las comunidades normas claras para adoptar «con criterios de igualdad» restricciones de libertades, tras los problemas judiciales que han tenido varias autonomías. «Lo que pretenden las comunidades gobernadas por el PP es que otro le resuelva los problemas», le respondió el síndic socialista Manuel Mata.
