Hasta 30.000 euros. Esa es la sanción a la que se exponen las empresas que obliguen a sus empleados a acudir a su puesto de trabajo aunque hayan desarrollado síntomas de covid-19 o tengan que estar en cuarentena por haber estado en contacto con contagiados. Fuentes de la Dirección General de Trabajo de la Generalitat explicaron ayer a este diario que la legislación actual estipula que, ante una situación de riesgo calificada como «grave e inminente», la «ley no solo obliga al empresario a tomar todo tipo de medidas preventivas, sino que, además, reconoce el derecho de los empleados a paralizar el trabajo». Ante una situación de estas características, la legislación ampara a los empleados y les faculta a negarse a ir al trabajo.

Las mismas fuentes indicaron que el Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio estipula que el incumplimiento por el empleador de las obligaciones fijadas para hacer frente a la crisis sanitaria generada por la covid-19 «constituirá infracción grave». Desde la Generalitat precisaron que las sanciones en este caso van de un mínimo de 6.000 euros a un máximo de 30.000. Las mismas fuentes indicaron que, de momento, la Inspección no ha detectado ningún caso en que una empresa infrinja la ley por este motivo.

La secretaria de Acción Sindical de UGT-PV, Lola Ruiz Ladrón de Guevara, aseguró a este diario que tampoco esta central sindical había recibido queja alguna al respecto. No obstante, precisó que podía hablar con conocimiento de causa respecto a las empresas de un cierto tamaño, es decir, aquellas en las que el sindicato tiene delegados. Otra cosa, añadió, es lo que esté sucediendo en microempresas o firmas con muy pocos empleados, donde no hay representación sindical. En este supuesto, si un trabajador afectado «no viene al sindicato a denunciar una situación de las citadas no podemos saber qué ocurre». De todas formas, la dirigente sindical indicó que las empresas medianas y grandes, por la información directa de la que dispone UGT, «están cumpliendo a rajatabla la legislación y están tomando medidas ante cualquier caso sospechoso que se dé entre sus trabajadores». Algunas, incluso, están tomando medidas suplementarias a los máximos que exige la ley.