La intensificación de las inspecciones (muchas de ellas de madrugada) han tenido ya un efecto disuasorio en estos negocios que se lucran de la explotación sexual de las mujeres.
Fuentes de la Generalitat admiten que aunque sus armas legales son limitadas, la presión policial puede ser suficiente para que los propietarios de estos clubes den, al menos de momento, un paso atrás.
Subrayan el hecho de que cuatro prostíbulos se hayan comprometido a cerrar y afirman que la presión está teniendo resultados. Pero, además, del temor a las sanciones, el Consell aspira a que la propia clientela, los hombres que demandan prostitución y que en la mayoría de los casos lo hacen de forma clandestina ocultándolo a sus familias, también dejen de acudir a los locales.
Las inspecciones no se hacen a la luz del día, sino en horas intempestivas, lo que acrecienta el miedo a ser descubierto. Aún así las dificultades son enormes ya que durante el proceso inspector se atiene a unas normas que no pueden vulnerarse. Los locales, además, se camuflan de muchas maneras y aunque la mayoría lo hacen como bares o hostales, se ha llegado a detectar prostíbulos disfrazados como residencias de estudiantes.
A diferencias de otras comunidades como Castilla-La Mancha o Cataluña, el Consell no tiene previsto explorar las opciones de cierre mediante decretos específicos. Ambas comunidades han elaborado decretos donde, con terminología variada, se obliga al cierre de estos locales, pero la consellera de Justicia mantuvo ayer que esta vía es «arriesgada» ya que para levantar una sanción o decretar el cierre de un local no basta con presumir que son prostíbulos. Hay que probarlo y demostrar que están violando normativa administrativa o penal.
