El Grupo Municipal del PP de Orihuela pagó parte de la logística de la masiva manifestación contra la Ley del Plurilingüismo que se celebró el 18 de enero en la capital de la Vega Baja, a pesar de que no era uno de los convocantes. La protesta fue convocada por la FAPA Gabriel Miró y estaba impulsada por las asociaciones de madres y padres junto al Foro Por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, participado por Concapa y la asociación Idiomas y Educación, y contó con representantes de formaciones políticas del PP, Ciudadanos y Vox. Este periódico ha tenido acceso a la factura que una empresa de sonido le emitió al Grupo Popular de Orihuela, que gobierna en el municipio en coalición con Cs. En concreto, con dinero del grupo municipal se pagaron 726 euros por los equipos de sonido y megafonía, además de los dos técnicos, que se contrataron para la lectura de los manifiestos al final de la marcha sobre el escenario montado frente al Ayuntamiento.

Fueron más de 20.000 personas las que se dieron cita en las calles oriolanas ese sábado de enero en la protesta bajo el lema «Por el derecho a elegir lengua vehicular» contra la ley impulsada por el conseller de Educación, Vicent Marzà, para introducir más valenciano en las aulas. El PP ha sido uno de los partidos más beligerantes con ese decreto. De hecho, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, fue uno de los principales defensores de esa manifestación, aunque en ningún momento dijo que su grupo municipal acarrearía con algunos gastos de la marcha.

La factura fue pagada con dinero de la asignación que su grupo municipal, el PP, recibe periódicamente del Ayuntamiento de Orihuela, como lo hacen el resto de grupos. Se considera, por tanto, dinero público, aunque el grupo municipal puede decidir gastarlo en lo que considere, siempre que sea para el funcionamiento del mismo y por consenso de todos los ediles que lo componen. Algo que no ha sucedido esta vez. El presidente local del PP y concejal, Dámaso Aparicio, aseguró desconocer ese pago y desvinculó del mismo a la agrupación local del partido «y como edil tampoco se me ha consultado», dijo tras ser preguntado por este diario.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, Rafael Almagro, aseguró no acordarse de esa factura, emitida el 11 de marzo, pero defendió que «en cualquier caso, es totalmente legal». Almagro, a preguntas de este diario sobre las razones por las cuales su grupo municipal financió una manifestación sin ser convocante, dijo que «puede hacerse cargo de gastos como este, porque está en contra del decreto y todo lo que sea apoyar las medidas en su contra entra dentro de su objeto» y añadió que «¿por qué no vamos a pagar un movimiento ciudadano que va acorde con el sentir del Grupo Popular?».

«No somos mangantes»

El portavoz municipal del PP asegura que el grupo municipal no tiene que solicitar permiso al partido sobre los gastos que realiza, «solo le rinde cuentas al pleno», y resalta que los grupos municipales de los ayuntamientos «son autónomos, tienen su propio CIF y regulación». Almagro declinó dar más detalles de los pagos «porque una de las máximas que tenemos es no hacer revelaciones y comentarios de los movimientos del grupo aunque, eso sí, en el momento en el que nos pidan cuentas en el pleno, las vamos a dar». Y terminó asegurando que «somos de los pocos grupos políticos que hemos devuelto dinero del anterior mandato», que cifró entre 7.000 y 8.000 euros. «No somos ningunos mangantes», zanjó.