Una de las siete piezas del caso Taula investiga el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València cuando estaba dirigida por Maria José Alcón, fallecida el 16 de junio de 2018, por lo que ya no se la investiga. En esta pieza se investigan media docena de contratos adjudicados entre 2003 y 2006 por el área cultural que dirigía Maria José Alcón.
Las comisiones se las repartían, presuntamente, la propia Alcón, su exmarido Vicente Burgos, el ex yonki del dinero Marcos Benavent y el asesor de la concejala, Pedro Aracil. Todos ellos «se habrían enriquecido personalmente cobrando comisiones ilegales a las empresas a las que Cultura adjudicó diversos contratos», según ha reseñado en diversos autos el juez del caso Taula, el titular del Juzgado de Instrucción 18.
Uno de los contratos bajo la lupa de los investigadores es el del bibliobus playa, un servicio itinerante que se puso en servicio en el verano de 2009 para promocionar las bibliotecas municipales.
La empresa adjudicataria de este servicio (y otros contratos) fue Thematica Events, propiedad del empresario Rafael García Barat -también investigado en el caso Taula- y a la que estuvieron vinculados el empresario del Grupo Engloba, José Adolfo Vedri (hasta 2004), investigado en esta causa. Y al ex yonki del dinero Marcos Benavent, que adquirió participaciones de Thematica Events en 2002 a Vedri y en 2004 a García Barat mediante contratos privados para no figurar.
En relación a este contrato compareció ayer como testigo la exconcejala del Ayuntamiento de València, Mayrén Beneyto, investigada en la pieza del caso Taula por el presunto pitufeo o blanqueo de capitales en pequeñas cantidades en las elecciones de 2015.
Beneyto aseguró que en el año 2009 sustituía a María José Alcón cuando ésta se ausentaba por problemas de salud para «presidir algo o inaugurar». No recordaba haber firmado la contratación del bibliobus, aunque así consta en el sumario. Y se escudó en que eran los técnicos y funcionarios de la Concejalía de Acción Cultural los que «preparaban las cosas».
En concreto citó a la jefa de servicio de Acción Cultural, Francisca Tamarit -investigada también en esta causa-, y al asesor de Alcón, Pedro Aracil, como las personas que le indicaban qué empresas presentaban mejores ofertas desde el punto de vista económico o de la actividad que se iba a contratar y que todo estaba supervisado por la Intervención del ayuntamiento. De Tamarit, Mayrén Beneyto aseguró que le parecía una persona «seria y bien».
