El PPCV avanzó ayer que está estudiando emprender acciones legales contra las conselleries de Sanidad y Educación si no hace pruebas masivas de covid-19 al profesorado, una petición que también secundan algunos sindicatos, pero que el Consell ha rechazado por innecesaria. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, explicó que basarían su denuncia en la ley de riesgos laborales, según la cual todo empleador tiene la obligación de poner los medios para evitar los contagios de sus empleados y «los docentes son personal de la Generalitat».
Por su parte, el presidente provincial del PP de Valencia, Vicent Mompó, lamentó la descoordinación entre la Generalitat y la diputación porque la corporación provincial sí autorizará estas pruebas para el profesorado que depende de ella. Según Mompó, el presidente de la diputación, Toni Gaspar, aseguró durante la junta de portavoces de ayer que sí se van a realizar PCR al personal educativo de la corporación. Se trataría de los profesores de los centros de personas adultas, el Instituto Valenciano de Audiofonología, la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja, la de Viticultura y Enología de Requena o el Centro de Formación Profesional Adaptada de la Misericordia.
Mientras Bonig pidió a Ximo Puig que permita a los ayuntamientos hacer los test al personal docente y que los dote de un fondo económico para el inicio del curso. Dijo que hay ayuntamientos que han anunciado pruebas a los docentes, pero Sanidad no se lo permite. Por ello, el PPCV presentará una moción en todos los ayuntamientos y también una iniciativa en Corts. El gasto asociado a esta medida sería de 8,4 millones de euros ya que se calcula que habrá 76.000 docentes. El Consell insiste en que la prueba sólo tiene validez para ese día y no evita contagios.
