Cinco empresas valencianas de un total de 73 mercantiles de toda España han incumplido la obligación de proporcionar al Tribunal de Cuentas las facturas de los servicios que prestaron a los partidos políticos durante las campañas electorales de las generales del 28 de abril de 2019 y las europeas del 26 de mayo. Las mercantiles valencianas han realizado trabajos para todo el espectro político: el PSOE, el PP y Vox.
El incumplimiento se ha detectado en la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos sobre dos de los comicios convocados en 2019. El montante total de las facturas que no ha sido comunicado al órgano fiscalizador asciende a 6,4 millones de euros.
Las empresas que realizan trabajos para los partidos durante las campañas electorales están obligadas por ley a comunicar al Tribunal de Cuentas la facturación emitida a las formaciones políticas, siempre que el importe sea superior a los 10.000 euros, según recoge el artículo 133.5 de la ley orgánica del régimen electoral de 1985.
2,6 millones del PP
El Partido Popular es la formación que mayor cantidad de dinero destinado a las campañas electorales que no ha comunicado al Tribunal de Cuentas, por valor de 2,6 millones, según la información recogida por El Mundo. Casi la mitad de esa cantidad se corresponde con la facturación realizada por la agencia de marketing Servinform, con varias delegaciones que incluyen las ciudades de Madrid y València, y que asciende a 1,1 millones de euros, por trabajos realizados a la formación que lidera Pablo Casado. La segunda formación con mayor cantidad de facturas no comunicadas al Tribunal de Cuentas es Vox, por un valor de 1,8 millones de euros.
Entre las empresas que no han cumplido con su obligación de notificar al Tribunal de Cuentas las facturas superiores a 10.000 euros se encuentra la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) que facturó 14.520 euros a la formación que lidera Santiago Abascal por albergar un mitin de la formación de ultraderecha el 25 de abril de 2019. Otra empresa proveedora de Vox es Coprint impresión y reprografía, también con sede en València, que facturó 52.962 euros a la formación.
Por último, el PSOE es la tercera formación cuyos proveedores electorales tienen que remitir la documentación pertinente al Tribunal de Cuentas. Se trata de un total de 21 empresas que no han remitido la información a la que están obligadas por ley por un montante total de 456.167 euros. Entre ellos dos con sede valenciana. Se trata de la agencia de publicidad Entiak de Javier Olmo Alario, con sede en València y que facturó 21.551 euros a la formación que lidera Pedro Sánchez en las elecciones generales y otros 12.100 euros en los comicios europeos. Y también la mercantil Grupo Ricarte The quality print, con sede en la localidad alicantina de Elx, que facturó a los socialistas un total de 24.724 euros.
Por último, Unidas Podemos es la cuarta formación cuyos proveedores no han comunicado al Tribunal de Cuentas los trabajos realizados durante las elecciones generales y europeos. Son sólo tres empresas aunque el total no comunicado al órgano fiscalizador asciende a 1.001. 672 euros. Entre estas tres mercantiles figura el gigante de las redes sociales, Facebook Ireland Limited que facturó a la formación morada 912.152 euros en las elecciones generales de abril de 2019 y 56.252 euros en las europeas de mayo.
El incumplimiento de la obligación de notificar los trabajos superiores a 10.000 euros por las empresas que realizan trabajos durante la campaña electoral a los partidos es un hecho reiterado en cada convocatoria electoral, a pesar de las advertencias del Tribunal de Cuentas, que publica antes de cada comicio las instrucciones que han de seguir los partidos. El incumplimiento de estas obligaciones debería ser perseguido por la Junta Electoral con multas desde los 100 hasta los 1.000 euros.
